Casi un año después de su nombramiento, el secretario general de CC OO-PV reflexiona sobre la relación actual con la Generalitat. Con casi el 37% de delegados y 99.000 afiliados, el sindicato reclama al Consell que visualice la aportación de los agentes sociales en la elaboración de leyes y se muestra crítico con la política de apertura en domingos.
P El juicio del caso Gürtel ha terminado de liquidar la era del PPCV y de aquella C. Valenciana donde la fiesta no se acababa nunca. ¿Cómo lo lee diez años después?
R Realmente algunos estuvieron disparando con pólvora del rey durante demasiados años y la sociedad desgraciadamente no supo reaccionar.
P Determinados empresarios contratistas han quedado retratados.
R Hay que perseguir a los corruptos pero también a los corruptores. Hay una parte de responsabilidad de ese empresariado y la justicia debería llegar hasta ellos también.
P Pronto se cumplirá un año de su llegada a la secretaría general de CC OO. ¿Está cumpliendo el tripartito sus expectativas?
R El tripartito, por higiene política e incluso mental, era necesario. La línea que está siguiendo es de hacer las cosas de manera honesta e ir a un modelo diferente... No digo que lo haya conseguido. Se ha mejorado mucho en apartados de bienestar social, atención a la dependencia, apuesta por la sanidad y educación publicas Los resultados tienen que llegar, pero la base del proyecto la compartimos. Hay otras situaciones en las que no estamos satisfechos. Estamos participando mucho en el diálogo social, pero no hay una visualización de ese trabajo de sindicatos y patronal. No se ve cuando se aprueba una ley de renta de inclusión que hay un trabajo antes de llegar al acuerdo. Se presenta como un proyecto exclusivo del Consell.
P El PP quiere acabar con la fórmula actual de la ley de participación institucional de modo que recortaría los fondos que reciben ustedes hoy. ¿Teme que Compromís vuelva a plantearlo?
R Una cosa es hacer declaraciones en los medios y otra cosa poder sustentarlas desde la razón. Yo creo que con Compromís tendremos una gran parte de coincidencia. Estamos dispuestos a aceptar un cambio en la normativa actual. Pero aquí de lo que se trata es de generar un problema a organizaciones sindicales y patronal porque en un determinado momento respaldaron una manifestación en defensa una financiación justa. Desde el punto de vista jurídico no se puede respaldar una afirmación como la que hace Bonig. Los sindicatos están en el artículo 7 de la Constitución, y muchos apartados de la CE establecen la capacidad de intervención y participación en el diálogo social. La ley de participación viene no a subvencionarnos una actividad sino a compensar gastos de una actividad que nos especifica la CE. Hay 95 organizaciones sindicales en la C. Valenciana. Nosotros estamos en 500 organismos de la propia administración. Lo hacen esas organizaciones porque hay una ley que dice quién es el más representativo, y tienes que tener al menos el 15% de delegados ó 1.500 delegados. Tenemos 10.300. Más del 37%. ¿Sentamos a 95 representantes para hablar de innovación de industria? No es serio.
P ¿Cómo ve la resolución del conflicto de los horarios comerciales?
R No es lo mismo predicar que dar trigo. Hay interlocutores, una normativa estatal de referencia a nivel estatal, y unos límites en la capacidad de la autonomía. No considero que el conseller nos haya traicionado. Ha querido llegar un acuerdo. Satisfechos no podemos estar. Reconocemos un avance en València, pero en Alicante supone la posibilidad de trabajar más días. Nuestra posición es de compresión pero no vamos a parar con un tema que nos parece que no es razonable. El centro comercial no es un servicio publico esencial. Se le ha dado la posibilidad de abrir, de acuerdo, pero pedimos dos cosas: limitación del número de festivo y que se paguen.
P ¿Es el procés una desgracia para nosotros porque al final supondrá más fondos del Estado para Cataluña frente a la infradotada C. Valenciana o una oportunidad por la llegada de más empresas?
R Yo creo que el procés es una desgracia en general para todo el Estado y es un fracaso estrepitoso de la política. No se puede uno saltar la ley y la Constitución aunque tengas derecho a defender una idea dentro de un estado democrático. Pero la política es fundamental: el Gobierno del Estado ha dejado que se pudra la situación y tenemos que padecer ahora situaciones dantescas, con el expresidente fugado. Respecto a la C. Valenciana podría ser una oportunidad pero hay que estar vigilante. Tenemos que trabajar por reforzar el proyecto común. Trasladar las sedes es un aviso serio y puede acabar con traslado de empresas con personal incluido. Cada vez más hay pronunciamientos de organismos e instituciones diciendo que la inseguridad que se da hoy en Cataluña es inasumible. Eso está beneficiando a la C. Valenciana, que ha retomado el hilo de la honestidad, el trabajo bien hecho y la seguridad jurídica.
P ¿Van a mantener en la calle la batalla contra la infrafinanciación?
R La C. Valenciana lleva demasiados años haciendo la vista gorda. No hemos sido capaces de reivindicar una serie de derechos para que nos traten en igualdad real respecto al resto de ciudadanos. La manifestación de noviembre fue positiva. Ha habido un consenso de toda la sociedad, incluido el PP. Va a haber continuidad porque el presidente del Gobierno ha incumplido su palabra de ir a un nuevo sistema de financiación.
P ¿Habrá otra manifestación aquí?
R No tenemos nada cerrado pero haremos alguna acción reivindicativa en Madrid.
P El paro está bajando en la C. Valenciana pero la tasa sigue por encima de la media, la temporalidad, disparada y el 50% de parados, sin prestación. ¿Cómo mejorar este panorama?
R La política de austeridad de estos años ha sido nefasta, ha generado un problema de desigualdad tremendo. No hay una solución adecuada para la destrucción de empleo, los salarios han ido a la baja por un marco normativo favorable a ello. En definitiva, hay una situación en la que hay que hacer un punto y aparte e ir a una política económica expansiva porque es necesario. Si subieran los salarios, aumentaría el consumo y tendríamos un crecimiento más equilibrado. Necesitamos una reforma fiscal en profundidad. Tenemos un diferencial de 6 ó 7 puntos respecto a la media europea y eso explica desde los problemas en protección social a la falta de fondos para reformar el sistema de financiación. Hay que decirle a la gente que tener un Estado con prestaciones y servicios nos cuesta dinero y no se puede tener el mismo nivel que Alemania, Dinamarca o Francia si nuestra contribución está por debajo de la media.
P ¿Cuando recuperarán los ciudadanos la capacidad adquisitiva?
R Hay organizaciones para las que nunca es el momento de incrementar los salarios. Cuando vienen mal dadas se destruye empleo y cuando vienen bien ´no subamos mucho no vaya a ser que entremos en recesión´. La propuesta de CC OO (subida del 3%) tiene una parte fija, otra basada en la productividad de las empresas (recogemos el guante de la patronal), y planteamos una parte de recuperación del poder adquisitivo perdido. Y luego plantemos que haya un suelo salarial. Si el SMI va a tener 850 euros en 2020 qué menos que cualquier trabajo regulado por convenio tenga un sueldo mínimo de mil euros.
P ¿Qué soluciones aporta al debate de la insostenibilidad de las pensiones?
R Tenemos un problema muy importante. Por un lado la gente vive más; los salarios, como consecuencia de las reformas laborales, han ido a menos; la temporalidad afecta en las carreras de cotización y se espera un crecimiento muy importante del número de pensionistas por el boom de los 60. En el plazo de 20 ó 30 años la pensión que hoy suele ser del 70% del salario que percibes al final de tu vida, pasará a ser del 40 % al 50%. ¿Qué se puede hacer? Asumir la pensión como un derecho subjetivo, que las pensiones sean Estado del Bienestar. Hay que mejorar los ingresos del sistema a través de una reforma fiscal, aclarar las fuentes de financiación del propio sistema porque van con cargo a cuotas de Seguridad Social algunas cuestiones que debían ir a cargo de los presupuestos; hay que subir salarios y dar estabilidad al empleo. Y en última instancia, si hubiera problemas, los presupuestos deben asegurar la viabilidad del sistema. Es una cuestión de prioridades políticas: si como país determinas que las pensiones deben salir adelante, deberán hacerlo por delante de otros proyectos.
