El varapalo que ha dado la Comisión Europea (CE) a los grandes fabricantes de camiones del Viejo Continente ha movilizado al sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunitat Valenciana, que ha comenzado ya a interponer cientos de denuncias contra cinco de los seis gigantes de la automoción multados con una sanción de nada menos que 2.930 millones por Bruselas al haber operado como un cártel entre 1997 y 2011. Se estima que la cuantificación de los daños (diferencia entre el precio de compra pagado y el de compra que se hubiera abonado de no haber acuerdo comercial entre estos) se sitúa entre el 10 % y el 15 % del valor de adquisición del vehículo, si bien este porcentaje podría ser mayor.
El Ejecutivo de la UE detectó esto a raíz de la demanda realizada por uno de los propios componentes del cartel, la empresa MAN. Ante esta demanda, el resto de componentes admitieron los hechos y asumieron la sanción. Según el bufete Asesores y Abogados Varona, se estima que son 19.000 los afectados en territorio de la Comunitat Valenciana por una infracción del derecho de la Competencia llevada a cabo por DAF, MAN, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, y próximamente Scania -quien ha recurrido su sanción- durante catorce años: desde enero de 1997 a enero de 2011. Las demandas contra la sueca Scania deberán esperar a que la multa sea en su caso firme, dado que este grupo negó las prácticas que se le atribuyen.
Las irregularidades consistieron en fijar los precios de fábrica de los camiones, que son la base para la señalar de precios en la industria de los camiones y por transmitir al cliente los costes de las emisiones tecnológicas. «Ello ha ocasionado un daño directo en todos los compradores que es posible resarcir mediante una indemnización por daños y perjuicios», asegura el abogado Ignacio Varona. Tanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Reglamento del Consejo 1/2003 confirman que, en los casos ante los tribunales nacionales, una decisión de la Comisión constituye prueba vinculante de que el comportamiento anticompetitivo se llevó a cabo y fue ilegal. «El informe pericial que aportamos acredita que el daño se elevada incluso al 20% del valor del vehículo; es decir, algo más de lo que se estimó inicialmente», explica Varona.
Reclamaciones de la patronal
Mientras tanto, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) maneja ya alrededor de 150 reclamaciones de compañías del sector que agrupan alrededor de 1.500 camiones matriculados en aquella época y sufrieron los sobreprecios del cártel de fabricantes, explica el secretario general de esta patronal, Carlos García.
Según la organización patronal, las empresas han optado en primer lugar por la vía administrativa y agotan los plazos para formular sus requerimientos, que concluyen el próximo mes de abril. A pesar de la elevada flota de camiones que se opera desde la Comunitat Valenciana -una de las más grandes de España debido a sus sectores exportadores- los profesionales al volante de vehículos de mercancías han optado menos por los tribunales que los de otras autonomías. «Existen pocas acciones judiciales», reconoce Carlos García.
En parecidos términos, el abogado valenciano Diego Muñoz Cobos, sostiene que las demandas que finalmente lleguen a los juzgados pueden ser poco significativas en comparación con el volumen de afectados. En ese sentido debe tenerse en cuenta que las grandes compañías -no tanto los autónomos- se han acogido a las reclamaciones vía administrativa tras recopilar un elevado volumen de documentación, necesaria para iniciar cualquier reclamación o demanda. El representante de Muñoz Cobo Abogados advierte de que los afectados en toda España pueden elevarse a 150.000 transportistas, «lo que sitúa un problema que es de gran magnitud».
Perjuicios por vehículos
Según constata el expediente sobre el cártel de camiones realizado por la Comisión Europea, las seis multinacionales (que acaparan nueve de cada diez camiones que circulan por las carreteras de Europa) pactaron sobreprecios en los camiones de 6 toneladas o más comercializados durante el citado período. El perjuicio económico podría elevarse hasta 20.000 euros para vehículos con un coste medio de 100.000 euros. Además, al demorar de forma concertada la incorporación de motores con tecnologías más eficientes en consumo se produjo otro daño económico para los compradores.
El abogado valenciano Pedro Sanz, del despacho Porter & Asociados, considera que «la responsabilidad no termina con el pago de la multa, sino que deberán abonar a los transportistas todos los daños y perjuicios sufridos por los camiones adquiridos». Cualquiera que haya comprado o suscrito un contrato de financiación (leasing, renting) o de alquiler de un camión de las características indicadas en el periodo señalado puede realizar la reclamación.
En ese sentido, cada afectado -según los expertos- debe interponer su propia demanda, individualmente o agrupándose con otros, pero siempre en su propio nombre y derecho.
Por lo que respecta al sobreprecio, este debe ser calculado por un perito caso por caso. Los abogados también indican que es fundamental que el informe pericial sea «preciso y razonable». La guía práctica de cuantificación de perjuicios elaborada por la Comisión Europea establece que el 70% de los cárteles han causado daños entre el 10 y el 40% del precio de compra y el perjuicio medio, por tanto, asciende a un 20 %.
Las demandas se han presentado en quince ámbitos geográficos diferentes de la UE. En España, se puso en marcha la Plataforma de Afectados por el Cártel de Camiones, que a lo largo de 2017 comenzó a tramitar las primeras reclamaciones judiciales contra los fabricantes, según la asociación de transportistas por carretera Fenadismer.
También la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) anunció la contratación del bufete CCS Abogados para demandar a los fabricantes de camiones multados por Bruselas.
