si en años anteriores nos habíamos quejado amargamente del incomprensible desatino organizado en torno a las mejoras fiscales aplicadas al sector agropecuario, de justicia nos parece también reconocer que en la presente campaña de la renta se han hecho mejor las cosas, tanto por parte del Gobierno central como de la Generalitat. Bien es cierto, no obstante, que al tratarse de un asunto complejo en el que entran en juego gran número de demarcaciones municipales y cultivos tampoco han faltado errores y omisiones en la orden del Ministerio de Hacienda que recoge los nuevos módulos reducidos del IRPF correspondientes al ejercicio impositivo de 2017, pero en líneas generales, y teniendo en cuenta los precedentes, la valoración global sólo puede ser positiva.
Con todo y con eso, es preciso mencionar determinadas incongruencias y olvidos, entre los que destaca el hecho de que producciones hortícolas, como la patata, la cebolla o la sandía, de la provincia de València, no hayan sido incluidas en la referida disposición gubernamental. Llama también la atención la disparidad de criterios en la rebaja de módulos a un mismo producto en municipios colindantes.
Sin embargo, es preciso subrayar que en algunos de los principales cultivos valencianos la disminución de la carga fiscal que van aplicar las autoridades tributarias es significativa, ya que en cítricos el módulo pasa de un valor de 0,26 a otro que oscilará entre el 0,05 y el 0,18 en función de distintos baremos, mientras que en frutales no cítricos varía del 0,37 al 0,20 y en vino la modificación se mueve entre los valores de 0,32 (si es con DO) y de 0,26 (si no tiene DO) a otros inferiores que fluctúan entre 0,13 y 0,26. La medida fiscal no va a solucionar los graves problemas que sufren los agricultores y ganaderos, pero sin duda supondrá un alivio que va a ser muy bien recibido por un sector duramente castigado por diversos factores entre los que, en caso de la Comunitat, destaca la persistencia de una sequía que durante el último año causó unas pérdidas superiores a los 300 millones de pesetas, a los que hay que sumar en el balance negativo al menos otros 150 millones derivados de virulentos episodios de pedrisco y otros factores adversos que tuvieron el clima como protagonista. Y eso por no hablar de las devastadores efectos que las sucesivas crisis de precios tienen sobre las rentas de agricultores y ganaderos.
Pensamos que en la configuración de esta iniciativa de carácter fiscal no han sido ajenas las muchas mociones aprobadas, a petición de AVA-Asaja, por los ayuntamientos valencianos y en las que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas favorables al sector agropecuario. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos ellos.
