La abogada de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Mercè Teodoro, dijo ayer que son los poderes públicos «los que se deben encargar de que todos los ciudadanos tengamos derecho a la reciprocidad y mayor cota de nuestra lengua», por lo que el Estado debería intervenir para «resolver» la situación sobre las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana.
Teodoro participó ante la Comisión de Cultura del Senado junto al presidente de la entidad cultural, Eliseu Climent. La letrada defendió que el conflicto se debería poner «en manos» del Estado, ya que además de ser su responsabilidad, las comunidades se han mostrado «incompetentes» para alcanzar acuerdos que garanticen la reciprocidad.
ACPV recordó los pasos para poner en marcha la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Televisió sense Fronteres, que ahora iniciará su trámite parlamentario.
La abogada indicó que generar la reciprocidad de las televisiones en el área lingüística del catalán conllevaría un coste para el Estado de 3,7 millones de euros.
Por su parte, el senador del PP, José María Chiquillo, dijo que es «rotundamente falso» que el Gobierno valenciano haya cerrado alguna televisión. Con TV3, la Generalitat «aplicó la legalidad» simplemente, dijo. «Es grotesco que se intente confundir a los ciudadanos, que se confunda legalidad con la censura», afirmó. E indicó que para la reciprocidad, el Gobierno ha de habilitar un tercer canal múltiplex.
La senadora de CiU Coralí Cunyat culpó de la situación al presidente de la Generalitat y los ex ministros de Industria Joan Clos y José Montilla, que «no habilitaron el tercer múltiplex».
