Desde que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia empezó a rodar hace ahora cinco años la superficie de huerta sacrificada en aras del crecimiento urbano casi se ha triplicado, pasando de las 250 hectáreas previstas en el concierto previo de 2004 remitido a la Conselleria de Territorio a las 600 hectáreas de la memoria ambiental de la última versión del planeamiento que incluye las alegaciones del proceso de participación pública. El documento, que suma ahora la recalificación de 200 hectáreas de huerta al sur de la ciudad, junto a la V-30, tiene que ser aprobado por la Conselleria de Medio Ambiente, que ya ha puesto reparos a la merma de huerta por considerarla injustificada.

El documento de concierto previo aprobado por la Junta de Gobierno Local en 2004 contemplaba siete sectores residenciales, con una superficie de 190 hectáreas para viviendas, y un sector industrial de 618.360 m2. Cuando el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, presentó en enero de 2008 la versión preliminar de la revisión, la huerta afectada por recalificaciones para hacer nuevas viviendas, espacios terciarios y dotacionales e infraestructuras había subido hasta 400 hectáreas (más otras cien que se destinan a grandes parques urbanos y 200 que serán ocupadas por carreteras, rondas y otras infraestructuras viarias).

La justificación entonces fue que la expansión de la ciudad, aun siendo contenida pues apostaba por un modelo de ciudad que no superase la barrera del millón de habitantes, necesitaba nuevas reservas de suelo para cubrir la demanda de VPO. Argumento que el PSPV ha rebatido porque asegura que hay 65.000 viviendas vacías y 43.000 pendiente de construirse entre el suelo urbano y el urbanizable.

En la última versión del plan general que ha presentado el gobierno de Rita Barberá se da un nuevo bocado a la huerta de 200 hectáreas con el argumento de reservar suelo para dotaciones sanitarias, deportivas y escolares de carácter privado. Según el edil de Urbanismo, el consistorio ha recibido ofertas "interesantes" para instalar en la ciudad infraestructuras de este tipo. En las alegaciones al PGOU figuran algunas empresas y sociedades patrimoniales que han instado al ayuntamiento a ampliar el suelo industrial o, alternativamente, a crear "una bolsa de suelo dotacional que cubra iniciativas privadas de carácter asistencial, educativo y deportivo". Entre ellas, se encuentran la empresa Rover Alcisa y la Fundación Eifor, entidad vinculada al Opus Dei cuyo objeto -según su web- es "el fomento de iniciativas de carácter social, cultural, educativo, investigador, benéfico, asistencial y de cooperación al desarrollo".