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El Gobierno, el PSPV y la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal aseguraron ayer que el decreto ley del Consell no deroga la orden el Ministerio de Cultura, lo que significa que, mientras un tribunal no diga lo contrario, el barrio sigue siendo Bien de Interés Cultural y no puede haber derribos. Quizá por eso hay muchas cautelas para la presentación de un recurso. Los vecinos aseguran que esperarán al que ha planteado el Ayuntamiento y la Generalitat ante la Audiencia Nacional.
Fuentes del Gobierno recordaron que un decreto de la Generalitat no puede derogar una orden del Gobierno, teniendo en cuenta que la orden ministerial se basa en la Ley de Patrimonio estatal y el decreto del Consell en la Ley de Patrimonio autonómico, de menor rango. En cualquier caso, la prevalencia de una o de otra debería dilucidarla un juez, aseguran. Y mientras tanto entienden que no puede haber derribos, extremo que podría impedirse, incluso, con la fuerza pública.
Para la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, el decreto del Consell no deroga la orden ministerial "porque no tiene capacidad para hacerlo". Entiende, por tanto, que "el barrio sigue siendo Bien de Interés Cultural y, lo vistan como lo vistan, el expolio existe".
Por último, Salven el Cabanyal ha asegurado que el decreto del Consell es "una norma política y declarativa" jurídicamente "intrascendente", pues se atribuye la competencia aludiendo a una sentencia del Supremo que luego fue corregida por un último dictamen al que no hacen alusión. Para la plataforma vecinal, se trata de una estrategia para ocultar "lo importante", que es que todos los informes indican que hay expolio. Así pues, si el Ayuntamiento impulsa nuevos derribos llamará a los vecinos a la "resistencia ciudadana" y detendrá las máquinas "abrazando" las casas.
