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La Abogacía del Estado está analizando el decreto ley del Consell que retira la protección patrimonial al Cabanyal y pretende dejar sin efecto el informe del Ministerio de Cultura que paraliza los derribos.
Así lo anunciaron ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, quien recordó, así mismo, que los "particulares" también pueden presentar un recurso, como ha ocurrido en todo el proceso judicial contra la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez.
Fernández de la Vega declaró que la Generalitat Valenciana debería explicar por qué tiene "tanta prisa por derribar un barrio histórico y hacer otro en su lugar". La vicepresidenta recordó que la paralización de estos derribos es consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo y que el Gobierno no hace otra cosa que "acatar" las decisiones de los tribunales.
Por su parte, Ricardo Peralta explicó que la voluntad del Ministerio de Cultura es "proteger el patrimonio de los valencianos frente a cualquier posibilidad de expolio". "No es un enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat, sino la voluntad de proteger frente a la voluntad de no proteger", dijo.
En este sentido, aseguró que el decreto ley del Consell "no tiene como objetivo cambiar la decisión del Ministerio de Cultura, sino dejar sin efecto el decreto que un día declaró al Cabanyal Bien de Interés Cultural". "Eso demuestra que el Gobierno actuaba dentro de la legalidad", dijo Peralta, quien explicó que "si tuvieran conciencia de que los amparaba la legalidad no lo hubieran cambiado".
Respecto a la posibilidad de presentar un recurso contra el decreto ley del Consell, el delegado del Gobierno se limitó a decir que los servicios jurídicos lo están estudiando "con rigor" y recordó que los "particulares" también pueden tomar ese camino, como ha ocurrido en todo el proceso judicial contra el Plan Especial del Cabanyal.
