Agua, financiación y ahora... el Plan del Cabanyal. El PP pretende haber encontrado un nuevo filón contra Zapatero a cuenta de la prolongación de Blasco Ibáñez -contra la que el Ministerio de Cultura dictó una orden de paralización al considerarla un "expolio" al patrimonio- y ayer se descaró en la Diputación Permanente en la que los populares aprobaron en solitario la convalidación del decreto ley, aprobado por el Consell el 7 de enero, para continuar con el proyecto a pesar del Gobierno central. Al finalizar el debate, contra pronóstico, los populares pidieron y votaron que el decreto se tramite ahora por la vía de urgencia como proyecto de ley. Trámite innecesario para el Ejecutivo, suele ser una exigencia de la oposición, pero el PP busca mantener el debate político del asunto vivo en las Corts, centrado en el "agravio" de Zapatero, mientras, como se evidenció ayer, rehuye la discusión jurídica.
Como ley, además, el PP piensa que tendrá más potencia de cara al recurso del Gobierno (al que obligará a ir contra las Corts), un reconocimiento de la endeblez jurídica del decreto. Se niegan razones de seguridad jurídica pero ayer el portavoz socialista, Ángel Luna, entre los motivos de la "inconstitucionalidad" de la norma, destacó que no hay razones "extraordinarias y urgentes" que la justifiquen, los requisitos que el Constitucional fija para aprobar decretos leyes.
Tanto el vicepresidente y titular de Urbanismo, Juan Cotino, quien presentó el decreto, como el portavoz del PP y conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, censuraron la orden ministerial tachándola de "intromisión" en las competencias" de la Generalitat y el ayuntamiento, "atropello", "ataque al autogobierno y a los valencianos". Pero uno y otro eludieron la cuestión que planteó Luna: Si el Supremo falló que la competencia exclusiva sobre si hay expolio o no es del Gobierno central, ¿dónde está la invasión competencial? En cambio, ambos se refugiaron en los votos. Blasco destacó que el 57% de los vecinos votó al PP en las últimas municipales. Cotino defendió que la prolongación de Blasco Ibáñez es una aspiración "histórica" desde "hace más de un siglo" que acabará con la "marginalidad" del barrio. También indicó que Zapatero busca "un paro de obras en el Cabanyal que genera desempleo". Añadió que es la primera vez que Cultura dictamina una orden de expolio desde 1978, citó la actuación en el Raval de Barcelona e insistió en que el PSPV en la alcaldía en 1988 incluyó en el PGOU la prolongación.
Luna vio el decreto un "esperpento jurídico" que, avisó, es "inconstitucional", al invadir competencias del Estado. También defendió que el caso de Barcelona, "Premio Nacional de Arquitectura", no es comparable, y que el PGOU del 88 no avala el proyecto concreto que ha hecho el PP. El Consell, dijo, sólo busca la confrontación con Madrid porque está "bloqueado por el caso Gürtel" de forma que Camps "no hace política, guerrea".
"Barberidad" y caso Gürtel
Mònica Oltra (Compromís) censuró lo que acuñó como "barberidad", en alusión a Rita Barberá, y recriminó a Cotino los intereses de la empresa familiar en el proyecto. Auguró que el "encabezonamiento" de Barberá "será su talón de Aquiles". Marga Sanz (EU) lamentó que la acción del Consell es una "humillación extrema" para los valencianos "que les va a salir mal".
