El próximo 22 de mayo se celebrarán elecciones municipales en los más de 8.100 municipios de España y se elegirán, por tanto, a más de 65.000 concejales. Con sólo un 20% de renovación en las listas presentadas por los distintos partidos, 13.000 nuevos concejales tomarán posesión de su cargo sin ninguna experiencia anterior, llegarán a su ayuntamiento con ilusiones de poder hacer algo bueno por su ciudad y por sus vecinos, aportando ideas y programas por el que salieron elegidos, aplicando el sentido común y esperando a que éstas cuenten con el beneplácito de cumplir con todos los requisitos legales que las normas administrativas imponen.
La gran mayoría accederán al cargo de concejal sin ninguna experiencia anterior en la Administración, aunque seguro que una buena parte de ellos habrán colaborado y formado parte de asociaciones vecinales, de fiestas, ONG, de consumidores, etc. y decidieron dar un paso más, con el sueño de poder conseguir en el gobierno de su ciudad o pequeño municipio aquello que demandaban como ciudadanos cuando no formaban parte de la Administración.
Unos formarán parte de las listas de partidos de ámbito estatal, otros de formaciones regionales, locales e independientes en pequeños municipios, pero todos con la ilusión de hacer un trabajo efectivo.
Algunos, una pequeña parte, tendrán estudios universitarios, otros distintos niveles de formación, PREU, COU, Bachiller, BUP, EGB, graduado escolar e incluso estudiantes que todavía no habrán finalizado su formación, y de distintas profesiones que en su gran mayoría compaginarán con esta nueva dedicación, albañiles, agricultores, panaderos, mecánicos, médicos, abogados, y así todas las profesiones que puedan existir.
Llegará el momento de tomar decisiones y ahí estarán solos ante el peligro de tomar una decisión inadecuada, porque será desconocedor de todas las normativas aplicables en cada una de las distintas actuaciones administrativas solicitadas por sus vecinos, licencias de todo tipo, de actividad, obras, etc. o concesiones que afecten a servicios de bienestar social, cultural, o de mayores.
Y es aquí cuando aparece la figura del funcionario, tantas veces maltratado por la opinión pública, que conoce las normativas aplicables en cada caso, que supervisará que se cumplan todas las condiciones necesarias y una vez comprobado, estampará su firma en el documento, responsabilizándose de que todo es correcto. Pero no será uno sólo, habrán intervenido en el expediente tantos como servicios del ayuntamiento tengan algo que decir y finalmente un secretario de habilitación estatal dará fe que el expediente cumple los requisitos necesarios para que el concejal resuelva la concesión de la licencia.
¿Qué ocurriría si un concejal no concede la licencia con todos los informes favorables? Pues tomaría una decisión injusta para el solicitante y, por lo tanto, sería reprobable de su actuación y tendría que asumir las consecuencias que sobre él recaerían.
¿Pero, y si la actuación del concejal es la de conceder la licencia, con todos los informes favorables? Pues en principio, ha cumplido con su obligación y debe tener la tranquilidad de haber tomado una decisión justa, que debe presidir la actuación de cualquier acto en el ejercicio de su función como regidor.
Si pasados unos años a alguien se le ocurre decir que podía faltar un trámite en la resolución del expediente, habrá que resolver primero si hacía falta o no, sobre todo cuando más de una veintena de funcionarios que han intervenido en el expediente dicen que no, y en todo caso, si ese trámite se demostrara que hacía falta. No sería un fallo en la tramitación del expediente.
Si las consecuencias de ese hipotético fallo, si lo hay, que está por demostrar, es una acusación de prevaricación con petición de 8 años de inhabilitación, que me diga quien lo entienda, qué funcionario resolverá expedientes diligentemente, con la rúbrica de su firma en un documento que, con lo complejos que son los reglamentos y normativas en todos los campos de la administración, pueda garantizarse que no ha cometido ningún fallo y en todo caso subsanable.
Y qué seguridad tiene el concejal cuando un expediente le llega con todos los informes favorables de los técnicos competentes y después de terminar su jornada de trabajo, -puede que el panadero del pueblo-, y antes de retirarse a descansar con su familia para afrontar la jornada del día siguiente, pasa por el ayuntamiento para dar el visto bueno a esa licencia que le ha solicitado su vecino ilusionado para poder rehabilitar su vivienda.
Pues bien, este proceso amargo que están sufriendo unos funcionarios del Ayuntamiento de Valencia y mi compañero Jorge Bellver, concejal de Urbanismo, no lo entiende nadie, porque en la vida diaria nos podremos encontrar con políticos justos e injustos, con periodistas justos e injustos, con empresarios justos e injustos, con trabajadores justos e injustos, pero no nos podemos permitir el lujo de, por el bien de este país y de los que en él vivimos , encontrarnos con fiscales y jueces, justos e injustos. A cualquier alcalde o concejal que le preguntes te dirá que él también hubiera firmado. Pues bien, yo tengo que decir que también, es más, firmo todos los días.
?Concejal de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Valencia
