Los dueños de los locales estafados presuntamente por el funcionario acusado de cobrar para agilizar licencias lamentaron ayer en el juicio que Ernesto P. A. les engañó durante meses. Las víctimas coincidieron en que el procesado les visitaba con un coche oficial del Ayuntamiento de Valencia y les garantizaba que con su ayuda obtendrían antes las licencias de apertura. El exjugador del Levante Edwin Congo explicó a los miembros del jurado que entregó 3.500 euros al procesado porque le decía que obtendría el permiso para su restaurante en la calle Calixto III de Valencia. Francisco Roig, hijo del expresidente del Valencia, indicó que las supuestas gestiones que le hizo el procesado sólo le causaron problemas. "Hoy mi taller de coches está cerrado por culpa de aquello. Me tomó el pelo y toda la cabellera", sentenció Roig.
El jurado popular tiene que decidir hoy si considera culpable de un delito de estafa al funcionario. El fiscal pidió ayer al concluir el juicio que Ernesto P. A. sea condenado a dos años de cárcel y la abogada que ejerce la acusación particular en representación de Edwin Congo reclamó seis años de prisión.
Francisco Roig manifestó que tenía un taller mecánico y que llevaba años intentando obtener la licencia definitiva porque "era un proceso muy farragoso. Al expediente sólo le quedaba un trámite y me dijo que se podía solucionar. Al principio me pidió 300 euros y dijo que era a cuenta de sus honorarios". El abogado defensor del acusado apuntó que algunas gestiones eran para el padre de la víctima. Francisco Roig declaró: "Yo creo que a mi padre ni le conoce. El dinero solo se lo di yo. Él venía ordenando al taller como si fuera arquitecto. Durante seis meses tuve el taller inmaculado esperando a que llegara el inspector. Allí no venía nadie. Él me dijo que tenía muchos amigos en el ayuntamiento. El trato consistía en agilizar la inspección. Que el inspector viniera antes, pero era un engaño. Me emplazó tres veces a la llegada del inspector".
Área de actividades
El exjugador del Levante Edwin Congo afirmó que el acusado se presentó "como trabajador del área de actividades del Ayuntamiento de Valencia. Mi establecimiento todavía no tenía licencia final y se suponía que como trabajaba en el ayuntamiento me iba a ayudar. Él me decía que iba a obtener la licencia, pero era un engaño". Edwin Congo añadió que el acusado le dijo que el dinero lo necesitaba para una provisión de fondos". El abogado defensor replicó a Congo que era difícil que le engañaran porque estaba acostumbrado a firmar contratos y a hacer negocios por los traspasos. "Si usted cree que ser jugador de fútbol es estar capacitado se equivoca. Hay jugadores que ni siquiera han pasado por el colegio", sentenció Congo.
El acusado es funcionario de carrera y estaba adscrito al Servicio de Disciplina Urbanística con categoría de Inspector de Obras. En concreto, se dedicaba a supervisar la conservación de los edificios y de solares en el departamento de ruinas.
El Ayuntamiento de Valencia suspendió al procesado de funciones el 20 de febrero de 2009. Al parecer, el acusado ha podido volver a su puesto de trabajo porque en ayuntamiento espera la resolución penal para adoptar las medidas disciplinarias definitivas.
El fiscal recordó al concluir la vista que las seis víctimas "dicen lo mismo. Que tenían problemas con las licencias y por eso acudieron al acusado. Fueron a él porque les convenció de que podía solucionarlo. El acusado incluso le dio facturas a Francisco Roig". La abogada de la acusación particular apuntó al jurado que el imputado admitió que el funcionario dijo que "era un sobresueldo en horas fuera de trabajo. Algo falso porque lo hacía en horas de trabajo". Además, el Código Penal castiga a los funcionarios que cobran por asesorar.
Condenado por una estafa en Yecla
El funcionario tiene una condena firme de dos años de prisión y ocho meses de multa por una estafa que cometió en Yecla. El acusado fue contratado como contable para liquidar una empresa. Según recoge la sentencia, el procesado se apoderó de un talonario de cheques vinculado al Banco de Santander y tras imitar la firma obtuvo un total de 7.705 euros. El imputado cometió los hechos en el verano del año 2003, según recoge el fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia de Murcia. El funcionario devolvió el dinero antes del juicio. El hecho de que el acusado tenga antecedentes implica que si el jurado popular lo declara culpable tendrá que ingresar en prisión. La sentencia de la Audiencia de Murcia fue confirmada dos meses después.
