Las cifras publicadas anteayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son alarmantes para la sociedad valenciana. La Comunitat Valenciana encabeza el ránking en número de desahucios en relación a las autonomías. Las causas, según a quien se pregunte. Yolanda Prats, portavoz de la Plataforma de Afectados por las hipotecas (PAH), señala la ley «irresponsable» del ladrillo, el paro y la actitud de los bancos como principales responsables, aunque también señala a los jueces valencianos quienes: «Podrían sensibilizarse más con las víctimas».
¿Por qué la Comunitat Valenciana es la autonomía con más desahucios?
El hecho que el País Valenciano sea la autonomía con mayor número de desahucios registrados en el primer semestre de 2011 de toda España tiene que ver, entre otras razones con la cifra del paro. Aquí es del 24 % mientras en el resto del estado es del 21 %. A esto hay que añadirle la política del ladrillo que ha sido extremadamente agresiva en el mediterráneo. Aunque hay un hecho diferenciador con el resto del estado. Los jueces valencianos priorizan los lanzamientos, bajo presión del lobby bancario, antes que ponerse del lado de las personas. Esto repercute en las cifras finales y provoca un total divorcio entre el poder judicial y la sociedad valenciana.
Más de 7.000 familias sin casa y los bancos piden la ejecución hipotecaria de 8.000 más. ¿Cuál puede ser la situación social a final de año?
La cifra es mucho más alarmante porque en las que da el CGPJ solo se contemplan los desahucios ejecutados pero hay muchas familias más que no salen en las estadísticas. Son las que prefieren evitarse el mal trago del desahucio y dejan la vivienda por su propio pie, es decir, se autodesahucian. Con estas cifras, desde la PAH calificamos la situación de verdadera emergencia habitacional y se va a agudizar. Por ello, hacemos un llamamiento a las administraciones públicas, tanto municipales como centrales, para que velen por los intereses de la ciudadanía y dediquen sus presupuestos a solucionar este problema. Deberían elaborar un parque inmobiliario de alquiler social e implantar la dación de pago con carácter retroactivo en vez de ir por la vía de la represión policial como han hecho hasta ahora.
¿La dación de pago y el alquiler social serían la solución?
No sabemos si lo solucionaría pero si lo aliviaría. Al mismo tiempo, desde PAH llevamos otras acciones en marcha como la campaña de «Stop desahucios», acto que pretende presionar a la banca para que negocie con los afectados la dación en pago o que, al menos permita, que las familias se queden en régimen de alquiler hasta la venda de la casa porque la mayoría de veces las cierran a cal y canto y así se quedan meses, incluso, años. Por su parte, ayudaría si los jueces valencianos fueran más sensibles como ya lo han sido otros compañeros, por ejemplo en Girona, donde hace varios días se emitió una sentencia favorable a un familia desahuciada concediéndoles la dación en pago.
¿Cuál es el perfil humano de los afectados que acuden a la PAH en busca de consejo?
Hay varios perfiles de personas. El más numeroso es el del inmigrante, en la mayoría de casos víctimas de estafas terribles. Otro colectivo cada vez más mayor son las familias monoparentales con hijos menores aunque las últimas semanas hemos visto como familias de clases medias, empresarios y autónomos también han entrado en esta terrible situación.
¿En los pocos meses que lleváis de existencia cuantos casos habéis atendido?
Sobre 500 casos que han venido a pedir nos consejo a nuestras asambleas de asesoramiento jurídico. Por el momento, hay plataformas en Castelló, Elx, Ibi, Torrevieja-Vega baja, Almoradi, Safor, Orihuela y Camp de Morvedre, a parte de la de Valencia y desde aquí animamos a que se monten más. Aunque, la medida más importante, que verá la luz tras las elecciones, es la Iniciativa Legislativa Popular donde pretendemos darle voz a la ciudadanía dada la insensibilidad de la clase política y judicial.
