La fiscal solicitó ayer la imputación de Antonio José Arnal Llorens, el propietario de la empresa Arrima que realizaba los cursos de formación en Emarsa. El ministerio público pidió este cambio procesal, ya que Arnal acudía como testigo, tras escuchar su declaración de ayer y hacer referencia a un documento del sumario. Si el juez aceptara, el número de imputados ascendería a 15.
Arrima facturó unos 157.000 euros a la depuradora de Pinedo por cursos de formación. Esta empresa pertenece al hermano del director financiero Enrique Arnal. Sobre este punto, el empresario aseguró al juez que los contratos con Emarsa los firmó otra persona para "dar la máxima objetividad" a la contratación, según fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes aseguraron que Arnal afirmó al magistrado que Emarsa nunca le pidió los certificados de los cursos "on line" que impartía. Además, desde la empresa pública tampoco se solicitó copia de si se hacían los cursos a lo que reconoció que, aunque el material se había puesto a disposición de los trabajadores, cabía la posibilidad de que nadie hubiera recibido la formación.
