Toda la oposición en el Ayuntamiento de Valencia reaccionó ayer en contra a la decisión de la Junta de Gobierno Local de adjudicar a la empresa Secopsa el macrocontrato de mantenimiento, cuyo montante supera los 34 millones de euros. Creen que ha habido mucha prisa para resolver el concurso y recuerdan las irregularidades denunciadas por las empresas perjudicadas, de tal manera que Compromís presentará una moción pidiendo que se declare desierto el concurso y se revise el pliego de condiciones.
El concurso de mantenimiento ha unificado en un sólo contrato los que antes cubrían por separado a mercados, colegios, cementerios y edificios públicos. El montante global es de 34 millones de euros y se convierte, por tanto, en uno de los más importantes del consistorio. Sin embargo, sólo concurrieron cuatro empresas y alguna de ellas ha mostrado su malestar por el hecho de que Secopsa, la adjudicataria final, obtuviera 34,5 puntos de 35 posibles en el pliego de condiciones, sin que, además, fuera posible reducir distancia con el pliego económico, cuya máxima baja permitida era del 2%.
El concejal socialista Pedro Sánchez advirtió de que "velará porque prevalezca el interés público de las contratas municipales" y no ocurra como en este caso, que "ha sido objeto de polémica y puede terminar en los tribunales". Sánchez no entiende, además, que el equipo de Gobierno se moleste tanto cuando se cuestiona el proceso si se trata de defender el interés público.
En representación de EUPV, Rosa Albert se mostró también sorprendida por la celeridad con la que se ha resuelto este contrato, máxime cuando está tan cuestionada la transparencia de las administraciones y faltan seis meses para que termine el año.
Recuerda, así mismo, que este concurso está siendo cuestionado por las empresas y por la patronal del sector, que ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo por irregularidades en el pliego de condiciones. Esto le hace temer un desenlace similar al contrato de Aguas de Valencia, afirma.
Finalmente, Consol Castillo denunció prisa y "abuso de los despachos extraordinarios en la Junta de Gobierno" para "intentar tapar las denuncias de falta de transparencia y favoritismo hacia una de las empresas".
Así pues, presentará una moción pidiendo que se declare desierto el concurso y se redacte un nuevo pliego de condiciones en el que se elimine el 2% de baja máxima en el precio, "un hecho que sólo se explica si se intenta favorecer a una empresa".
Para terminar, la concejala de Compromís llama la atención sobre "algunas extrañas coincidencias", como que "José manuel Aguilar, director de la empresa adjudicataria, haya declarado recientemente como imputado en el caso Nóos, mientras que el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha debido declarar como testigo por este mismo caso".
