La contundente sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Cabanyal no ha conseguido desbloquear el conflicto. Muy al contrario, lo ha enconado y ha reforzado las posiciones de los contrincantes, unos porque las últimas decisiones judiciales avalan sus tesis, otros porque confían en la fuerza del Gobierno de Madrid, ahora de su mismo color político. Es un problema en vía muerta, que causa sufrimiento y que en realidad no conduce a nada, porque con la situación económica actual ningún plan tiene futuro a medio plazo, sobre todo si es urbanístico.
Crisis de construcción. El Plan de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (Pepri) y su obra cumbre, la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, requiere de la participación activa, cuando activa significa millonaria, de las administraciones y las empresas privadas. Hay que derribar, urbanizar y promover, y en este momento no hay constructoras ni conselleries ni organismos municipales que estén en condiciones de hacer estas apuestas. Si el ayuntamiento sigue firme y pone su parte, todo lo más que conseguirá en la próxima década es llevar una calle de asfalto hasta la playa rodeada de descampados. Eso ya puede verse en Programas de Actuación Integrada como el de Moreras, Patraix, Quatre Carreres, Malilla y muchos más.
Otros «balcones». Si se trata de asomar Valencia al mar, hay otras opciones ya en marcha que pueden hacer esa función incluso con mejores resultados. La cesión de la dársena al ayuntamiento y el PAI del Grao ya son grandes apuestas de «balcón al mar», con zonas de ocio y viviendas incluidas. Y por el otro lado siempre estará la avenida de los Naranjos, que nació con esa vocación de acercar los poblados del norte a la playa. Con esos caminos abiertos y con la solución entre manos, quizá convendría apostar por esta vía y resolver el problema sin romper el Cabanyal, que al fin y al cabo es un barrio valenciano que bien rehabilitado puede ser un referente de la ciudad. Por un cambio valiente como ese también se pasa a la historia.
