El bloqueo político en el Consorcio Valencia 2007 ha hecho que pasaran de largo numerosas oportunidades de inversión para la ciudad, entre las que se encuentran la ubicación de la base permanente de un megayate de la familia real de Qatar o la creación de un Museo Sony vinculado a unos multicines.
El consorcio Qatar Diar, vinculado a la extensa familia real de este emirato árabe rico en petróleo y gas, adquirió en julio del año pasado Marina Port Tarraco, una dársena de lujo con 115 amarres ubicada en el puerto de Tarragona y cuya concesionaria era la Sociedad Internacional Marina Tarraco. Según se ha publicado el consorcio qatarí pagó más de 60 millones de euros por la marina.
Tarragona, sin embargo, no fue la primera ciudad que visitó el megayate de la realeza qatarí. Según ha sabido este diario, el yate estuvo hace dos años en la marina real Juan Carlos I del Puerto de Valencia, donde intentó sin éxito adquirir un amarre.
Al parecer los inversores de Qatar buscaban un puerto base en el Mediterráneo para su embarcación en una ciudad de tamaño medio, tranquila y bien comunicada y Valencia reunía todas las condiciones.
La ley de Puertos del Estado no permite vender directamente la propiedad de los amarres. Sólo permite la venta del derecho preferencial de uso por un período máximo de 30 años. En base a esta figura, algunos puertos deportivos reservan un porcentaje del 10 0 el 20 % de sus amarres para la venta. Sin embargo, el Consorcio Valencia 2007, que gestiona 740 amarres, no los tiene en venta ni prevé tenerlos. La empresa Valencia Yacht Base, que gestiona los 260 amarres de la dársena para yates construida por Cyes en el Real Club Náutico de Valencia, sí ofrece esta posibilidad. Fuentes del Consorcio explicaron que se ha estudiado la opción de la venta pero se ha descartado porque es más rentable el alquiler.
Lo que sí está tratando de modificar el nuevo director general del Consorcio, Pablo Landecho, es la ampliación del plazo de concesiones de los edificios de la marina, que en la actualidad se limita a cinco años, un plazo muy corto que ha desanimando a los inversores. El Consorcio quiere ampliar el plazo a 35 años para hacer más atractiva la marina.
Una de las quejas de los vecinos de los barrios de la marina real es que no se pongan en marcha proyectos pensados para la gente que vive en la ciudad. En este sentido, una de las propuestas de inversión que se ha quedado en el cajón por lo reducido de las concesiones es un Museo Sony vinculado a unos multicines.
No todas las propuestas que le han llegado en estos años al Consorcio son económicamente viables. En otros casos se han descartado de entrada porque eludían de un modo u otro la ley de Contratos de la Administración por la que se rige el Consorcio.
En este sentido, la Abogacía del Estado ha parado iniciativas como la instalación de la aceleradora de empresas Plug and Play en una de las bases de la marina „iniciativa impulsada directamente desde el ayuntamiento„.
El enfrentamiento político entre el ayuntamiento y el anterior Gobierno socialista ha mantenido paralizada desde 2007 la gestión de la marina real, lo que sumado a la demora en la entrega de los terrenos a la ciudad ha desanimado a los inversores.
El Consorcio confía en que antes de que acabe el año la dársena se ceda a la ciudad. Se espera así que en los próximos meses se publique una orden ministerial que solvente los problemas burocráticos en la cesión de los terrenos y edificios, entre ellos, la condición que vincula la cesión de la dársena a la construcción del acceso norte.
Dos millones de ingresos y 16 de deuda al año
Los ingresos anuales del Consorcio Valencia 2007 ascienden a dos millones de euros, en su mayoría procedentes de los amarres, mientras que su deuda con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) asciende a 16 millones de euros al año. El Consorcio, por tanto, debería ingresar 14 millones más para poder devolver el crédito que le prestó el ICO para construir el recinto de la Copa del América, actual marina real Juan Carlos I. El plan financiero del Consorcio preveía devolver 270 de los 420 millones de euros que le prestó el ICO mediante la explotación de la marina. El resto se pagará vía presupuestos del Estado.
