El teniente de alcalde Alfonso Grau advirtió el pasado mes de agosto de una tendencia a la profesionalización de las expropiaciones y a la aparición de empresarios que compransuelo dotacional para luego incoar expedientes de expropiación forzosa y reclamar elevadas sumas al ayuntamiento. La prueba de lo que se considera una práctica especulativa con el suelo dotacional quedó en evidencia ayer en la junta de gobierno local donde se aprobó iniciar las expropiaciones impulsados por cuatro empresas que afectan a suelos escolares y de viales. Las empresas reclaman al ayuntamiento 24 millones de euros, una cantidad que los técnicos municipales consideran "excesiva" y reducen a 2,5 millones de euros.
Dada la previsible falta de acuerdo entre la valoracion del ayuntamiento y las pretensiones de los propietarios del suelo, las expropiaciones se remitirán al Jurado Provincial de Expropiaciones. En este punto, la sentencia que triplica el valor de las expropiaciones de suelo dotacional del Ayuntamiento de Valenci de la que ayer se hizo eco este diario podría ayudar a los promotores.
La rentabilidad económica que antes de la crisis proporcionaba la actividad constructora se busca ahora en el suelo dotacional. Estos movimientos especulativos con el suelo dotacional se dejarían ver en dos de los cuatro expedientes de expropiación forzosa aprobados ayer por el ayuntamiento en los que se registran operaciones de compra-venta del suelo.
La empresa Urbem promueve dos de los cuatro expedientes de expropiación forzosa de suelo dotacional en la avenida Doctor Tomás Sala, en la zona de expansion urbanística del bulevar sur ubicada entre el cementerio y San Marcelino. En total, la promotora pide casi 21 millones de euros por cuatro parcelas.
También se acogen al derecho a la incoación de un expediente de justiprecio regulado en el artículo 187 bis de la Ley Urbanística del Suelo -que permite al propietario obligar a la administración a expropiarle a los cinco años de aprobarse el plan- la empresa Europea de Inversiones y Contratas propietaria de una parcela en la calle San Miguel de Soternes, junto a la avenida Tres Forques, y la empresa Urbalcoy propietaria de una parcela en la calle Luis Crumiere, en Benimàmet.
Sarrià denuncia la mala gestión
El grupo municipal socialista lleva tiempo denunciado el descosido económico que supone para las arcas municipales el goteo constante de expedientes de expropiación forzosa -incoados por los propios propietarios ante el retraso de la administración en adquirir el suelo y amparados en la normativa urbanística-. El concejal socialista, Vicent Sarrià, cifra en 1.300 millones de euros el coste que podría tener para el consistorio la expropiación de todo el suelo dotacional pendiente de adquirir por el ayuntamiento en la ciudad. Como solución recuerda que el ayuntamiento debería crear nuevas unidades de ejecución, una herramienta urbanística que le permitirían adquirir el suelo a coste cero.
