Salvem el Cabanyal, la plataforma vecinal contraria a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, tiene previsto promover una iniciativa legislativa popular (ILP) ante las Corts Valencianes para que en la revisión del plan especial del Cabanyal anunciada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se tenga en cuenta la opinión de los vecinos afectados.

Así lo anunció ayer la presidenta de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, durante la asamblea general de la plataforma celebrada en el Ateneo Marítimo. La Iniciativa Legislativa Popular, que para salir adelante necesita recoger 50.000 firmas, es casi el único camino que les queda a los vecinos para que se tenga en cuenta su opinión ante la falta de interlocución con el gobierno de la ciudad.

Salvem el Cabanyal convocó la asamblea de ayer para informar a los vecinos de la situación judicial del barrio tras la retirada por parte del gobierno del recurso que se interpuso durante el gobierno del PSOE en el Constitucional contra la ley autonómica que blinda el plan del Cabanyal. Los vecinos del barrio que ayer asistieron a la asamblea se mostraron optimistas después de que la abogada de la plataforma, Adelina Serna, les explicase que la rehabilitación del barrio puede estar más cerca.

El único fleco judicial pendiente es el recurso que presentó el ayuntamiento de Valencia ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que valida la orden del Ministerio de Cultura que tumbó el plan del Cabanyal por entender que representa expolio del conjunto histórico.

Tras aclarar la situación jurídica del barrio es la que había cuando se publicó la orden ministerial de 2009, es decir, que el plan especial del Cabanyal está anulado porque representa expolio, se debatieron los pasos a dar para conseguir que el plan especial se adapte a la orden ministerial.

Los vecinos quieren que se cree una mesa de participación ciudadana en la que se oigan las voces no sólo de los vecinos, también de los expertos y técnicos que en estos 15 años de conflicto con el ayuntamiento han planteado soluciones menos agresivas para el barrio que el derribo de 1.600 casas que supone la prolongación.