El pago a proveedores es uno de los principales problemas del Ayuntamiento de Valencia en los últimos años, tanto que en 2012 se acogió a los planes del Gobierno y recibió 183 millones de euros para poner sus cuentas a cero con las empresas que trabajan para el municipio. Ese préstamo, sin embargo, le obliga ahora a cumplir con las exigencias del Gobierno en cuanto a morosidad, que se resumen en pagar todas sus facturas en un plazo no superior a los 30 días. Y eso no se estaba cumpliendo. El año 2013, de hecho, se ha cerrado con 100 millones de deudas fuera de ese plazo, una situación que se hacía insoportable y que ha estado en el origen de los seis créditos firmados este año para saldar deudas.
