El bloqueo de licencias que pesa sobre el barrio del Cabanyal ha impedido abrir «entre veinte y treinta» negocios y hacer «otras tantas o más» grandes rehabilitaciones, algunas de ellas casas señoriales y también viviendas compradas por extranjeros. Así lo aseguró ayer Emiliano García, presidente de la asociación de comerciantes del barrio, quien hizo un llamamiento a «las partes», especialmente al Ayuntamiento de Valencia, para que ponga fin a la situación en este curso político. «El barrio no aguanta más», dijo.
La decisión de paralizar las licencias la tomó el Ayuntamiento de Valencia a raíz de que el Ministerio de Cultura dictara una orden que paralizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (Pepri) por considerar que supondría expolio.
Desde entonces no se permite ninguna reforma o instalación que no sea de emergencia.
Como consecuencia de ello se han paralizado decenas de peticiones de licencias; se han dejado de abrir entre «veinte o treinta» negocios, entre ellos bares, restaurantes y tiendas de barrio; y se han bloqueado otras tantas reformas de viviendas, muchas de ellas promovidas por «personas importantes» que buscaban casas señoriales y también solicitadas por extranjeros que querían instalarse en el barrio.
Hay, por ejemplo, un colectivo de artesanos, dijo García, que podría difundir su trabajo de cerámica o bisutería y que no puede hacerlo. Y, según cuenta, el presidente de los promotores le confesó que tenían muchas peticiones para trabajar en el Cabanyal que estaban bloqueadas, lo cual les tiene «indignados».
Propuestas urgentes
Frente a eso, los comerciantes proponen el levantamiento del bloqueo prioridad absoluta, dice Emiliano García y un plan integral de regeneración del barrio que incluya servicios sociales, activación económica y rehabilitaciones, todo ello, además, desde el consenso político.
En este sentido, Emiliano García confía en una reflexión por parte del Ayuntamiento de Valencia, del que no le gusta su inmovilismo. «Ha cambiado todo, la economía, la construcción, la situación judicial, y sin embargo, ellos siguen empeñados en la tiranía de su primera decisión», dice el presidente de los comerciantes, quien entiende que se ha perdido una oportunidad de negociar con las partes tras la retirada del recurso en el Constitucional.
Emiliano García cree que aún estamos a tiempo y advierte de que la solución que busca el ayuntamiento modificar el plan para adaptarlo a la orden ministerial es «un insulto». «Si ya no se compensan alturas, si no hay árboles y no se llega al mar, ¿por qué no se buscan otras ideas con el resto de colectivos?», se pregunta García, quien advierte de que si ese cambio no lo propicia el ayuntamiento lo harán los ciudadanos.
