El grupo Compromís en el Ayuntamiento de Valencia ha presentado 20 alegaciones a la adaptación del Plan del Cabanyal en las que avisa de la ilegalidad del mismo y de su mala ejecución, de manera que Joan Ribó, portavoz de la formación, ha anunciado que si sale adelante en estos términos irá a los tribunales por un posible delito de prevaricación.

Doce de las alegaciones, explicó Ribó, tienen que ver con el cumplimiento de la ley urbanística. Proteger la Lonja de Pescadores y la Fábrica de Hielo está muy bien, dijo, pero se trata de «construcciones que están fuera del espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por su singular retícula», espacio que «se romperá» inevitablemente si se hace la prolongación de la avenida.

Además, en el nuevo proyecto se siguen derribando 89 edificios protegidos (antes eran 98) y 53 edificios de alto valor arquitectónico (antes 57), cuando la Ley de Patrimonio Histórico obliga a conservarlos todos.

Por último, Ribó calificó de «subrealista» el intento de realineación de la retícula derribando edificios y trazando la linea con zonas verdes. «Esta solución mágica es absolutamente incomprensible», aseguró.

Al respecto de la traza urbanística, Joan Ribó hizo también dos reflexiones contenidas en sus alegaciones. La primera es que «la gran avenida no es necesaria para la movilidad de Valencia», pues entre la Avenida del Puerto y la de los Naranjos apenas hay dos kilómetros, dijo, y además en ese espacio hay al menos doce pasos que puede habilitarse para el tránsito de bicis y peatones. Por otro lado, está «burrada» urbanística «no se da en ninguna parte de Europa». «Nadie se carga un barrio protegido para hacer una avenida de las que hay miles en todo el mundo», explicó Ribó, quien recordó que este tipo de barrios es lo que dinamiza el turismo.

El resto de las alegaciones, ocho en total, van dirigidas contra el informe de sostenibilidad económica, básicamente por los errores que hay en los números, lo que demostraría «la apatía» con la que se ha hecho este plan.

En resumen, Ribó cree que la adaptación «está pensada para quebrantar la legalidad y el informe para tirarlo a la basura», por lo que pedirá a sus socios que envíen alegaciones de forma masiva y se reserva acciones judiciales por una posible prevaricación. «Yo creo que la partida está ganada, pero están dilatando la solución y dilatar la solución es condenar al Cabanyal a la inanición», dijo.