El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Mariano Durán, advirtió ayer de que «es una salvajada» el precintado sin supervisión judicial de equipos de música y televisión en locales de ocio por no pagar derechos de autor. Los abogados valencianos rechazan la impunidad con la que están actuando las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual con la colaboración de la Policía Local de Valencia. La presidenta de la sección de propiedad intelectual del Icav, Diana Cuartero, reclamó ayer «una normativa clara» de la gestión de los derechos de autor para que los locales sepan a qué atenerse. De hecho, como ayer publicó Levante-EMV, la actuación de las entidades de cobro está generando la alarma entre los empresarios. Algunos solo estaban pagando a la Sociedad General de Autores y Editores y no hacían frente a la cuota de la Sociedad de Productores, y otros se habían abonado a servicios premiun de distribución de música en internet y pensaban que era suficiente.
El decano del Colegio de Abogados insistió en que el precintado de equipos de música o aparatos de televisión que impiden a un empresario continuar con su actividad «siempre deben contar con la supervisión judicial. Las entidades tienen derechos de cobro, pero no pueden vulnerar los derechos de la otra parte. No pueden actuar sin ningún control».
La responsable de la sección de propiedad intelectual del Icav coincidió con el decano en que debe haber un control judicial. Diana Cuartero explicó que hay un proyecto de ley que «si sale adelante lo va a regular todo y será mucho más sencillo. Veremos cómo queda. Es necesaria una normativa clara».
Los establecimientos tienen que pagar derechos a la SGAE y a Agedi-Aie (entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual de los productores fonográficos y de los artistas e intérpretes). La campaña de recaudación iniciada ahora que incluye el precintado de los equipos la ha emprendido en Valencia Agedi-Aie.
Un pub tiene que pagar a la SGAE 104,28 euros al mes por la música y 16,69 por la televisión, y otros 42,35 euros mensuales a Agedi.
La Policía Local de Valencia ha presentado denuncias contra los responsables de algunos bares que no habían pagado los derechos de autor, aunque los jueces las están archivando al entender que no existe un delito contra la propiedad intelectual.
Los establecimientos afectados por la campaña iniciada por la Agedi-Aie han podido retomar su actividad normal tras pagar las cuotas atrasadas por los derechos de autor. La discoteca Las Ánimas del Puerto estuvo en julio tres días sin actividad y un pub de la plaza de Honduras de Valencia ha permanecido tres semanas sin poder poner la música y la televisión. El responsable del pub está estudiando interponer acciones legales por el perjuicio que ha sufrido ya que perdió un ochenta por ciento de la facturación durante las tres semanas que tuvo los equipos de televisión y música precintados.
