La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el nuevo plan de reforma interior (Pepri) del Cabanyal para determinar si el Ayuntamiento de Valencia ha incurrido en algún tipo de irregularidad al no incluir el estudio de evaluación ambiental. La Comisión Europea acaba de admitir a trámite la denuncia que presentó el grupo municipal de EU por este motivo hace seis meses. Ahora el gobierno europeo reclamará al Gobierno español, y este a su vez a la Generalitat y al consistorio, para que remitan la documentación que reclamen en Bruselas.

Así lo explicó ayer el portavoz de EU, Amadeu Sanchis, y el abogado de la formación política, José Luis Ramos, quien explicó que existe no solo normativa que lo exige sino también jurisprudencia europea que avala que los ayuntamientos están obligados a hacer la evaluación estratégica ambiental en proyectos que aún siendo suelo urbano deben estar sujetos al informe de impacto ambiental cuando abarquen una superficie considerable y afecten a un centro histórico. Este es el caso del plan del Cabanyal, recalcó Ramos, quien recordó que la prolongación prevé el derribo de 1.600 viviendas.

Para Sanchis, la modificación del plan del Cabanyal que impulsa el gobierno de Rita Barberá es una ilegalidad porque no cumple los criterios recogidos en la orden ministerial de 2009 que declaró el plan urbanístico expolio del patrimonio. Precisamente, en base a esa orden que paralizó el plan, la Comisión Europea suspendió una investigación anterior sobre el plan del Cabanyal abierta a raíz de una denuncia de Ramos. El abogado apuntó ayer que para evitar tener que hacer la evaluación ambiental el ayuntamiento aduce que se incluye en la revisión del PGOU. Tanto Ramos como Sanchis insistieron en que «en el estudio ambiental de la revisión no se hace alusión alguna al impacto de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, porque es como si la dieran ya por hecha».

El vicealcalde, Alfonso Grau, replicó a EU que la Generalitat acordó no someter la revisión del plan a evaluación estratégica al entender que «no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente».