Es como si muerto el perro se acabara la rabia. O, en clave electoral, que si tras las próximas elecciones el PP dejara de gobernar (tanto en la Generalitat Valenciana como en el ayuntamiento; y más adelante, en el gobierno central) los valencianos estarían «libres de desahucios y de ejecuciones hipotecarias, la dación en pago será por ley y con carácter retroactivo, el derecho de Tanteo y retracto será una realidad, el parque público de vivienda se incrementará, los suministros básicos de energía estarán garantizados a los más necesitados y, en definitiva, se garantizará el derecho a la vivienda».
Y es que, según los asistentes al debate político que ayer organizó la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Valencia, la clave para solucionar el problema de la vivienda «en esta ciudad, esta comunidad y este país» es «una cuestión de voluntad política». Eso sí, para no pillarse los dedos y evitar promesas difíciles de cumplir, el mensaje se repitió una y otra vez: «es imprescindible gobernar». La PAH Valencia pretendía con el debate realizar una especie de examen a los políticos para que los diversos grupos explicaran sus propuestas concretas en temas de vivienda. Eso sí, hicieron especial hincapié en que las mismas estuvieran reflejadas en sus respectivos programas electorales ya que «este acto no es para venir a buscar votos».
La cita contó con una alta participación. Por el PSPV acudió Maria José Salvador; por Compromís, Juan Ponce; por EU, José Soler y Toni Parrilla; por Podemos, Fabiola Micó y por València en comú, Neus Fabregat e Iñaki Pérez. Sin embargo, la ausencia del PP y de Ciutadans „y el «mea culpa» que entonó la diputada socialista en nombre de su partido por haber sido «lentos a la hora de reaccionar»„ evidenció la unión de posturas en temas de vivienda ya que, aunque existieron propuestas concretas que recogía uno u otro partido, el sentir, la visión, la proyección y las propuestas fueron más que similares para un objetivo común: declarar la guerra a los desahucios.
Todos los asistentes aseguraron que, el comienzo está en un cambio de la Ley hipotecaria pero que, como en ésta y otras medidas, la solución solo se puede adoptar «cuando uno tiene las competencias para hacerlo».
Desahucios y dación en pago. Todos los partidos defendieron un cambio en la ley y establecer con obligatoriedad la dación en pago (con carácter retroactivo) y flexibilizar los criterios para poder acceder a la misma. El PSPV destacó una ley «para la función social de la vivienda» (como en Andalucía), Compromís incluyó una «ayuda a los desahuciados» y prometió la «amnistía hipotecaria para aquellos préstamos que superen el 110% del valor de la vivienda en el mercado», EU negó «que Valencia reproduzca la situación de Madrid con los fondos buitre» y prometió «poner el servicio de abogacía del Consell a favor de los afectados», Podemos aseguró que su formación «es la única fuerza capaz de hacerlo» y Valencia en comú prometió declarar una «situación de emergencia social» si acceden a la alcaldía de la ciudad.
Tanteo y retracto. Es el derecho a ser el primero en adquirir una vivienda cuando ha habido un desahucio o el inquilino quiere adquirir el inmueble. Todas las formaciones aseguraron que es un derecho que ya se puede hacer cumplir desde la Generalitat con las VPO y apostaron por trasladar la medida «a la la renta libre» y a que se compren los pisos «con las mismas quitas con que las adquiere el 'banco malo'».
Parque público de viviendas. Desde el PSPV apostaron por crear un registro de viviendas desahuciadas para ponerlas a disposición de los vecinos, desde Compromís se postularon por establecer pisos de alquiler del Ivvsa que no superen el 30% de la renta básico de la unidad familiar, desde EU vincularon el aumento del parque público a un cambio en el sistema de financiación económica. Desde Podemos y desde Valencia en comú aseguraron que forzarán a los bancos a poner a disposición los pisos vacíos.
Pobreza energética. Para garantizar los suministros energéticos a los más necesitados, las formaciones destacaron desde «tarifas sociales» hasta municipalizar los servicios y acabar con las «puertas giratorias».
