El Ayuntamiento de Valencia se propone modificar la Ordenanza de Circulación para sancionar a las personas que crucen las calles „por pasos de peatones y fuera de estos„ utilizando su teléfono móvil y sin prestar atención al tráfico. El concejal Alberto Mendoza, que aseguró que el asunto debería resolverse ya en el siguiente mandato, cree que no hay impedimento legal y que es un problema importante para la seguridad vial.
Hace apenas veinte días, una joven de 19 años murió en Valencia atropellada por el tranvía cuando cruzaba las vías utilizando su teléfono portátil. Parece ser que iba oyendo música, por lo que no se percató de la llegada del convoy. Los expertos calculan, además, que uno de cada tres atropellos que se producen en la ciudad tienen su origen en la utilización del móvil, lo que convierte este asunto en un problema de primera magnitud.
A pesar de ello, ni el reglamento de circulación ni la ordenanza municipal hacen referencia a ello. El reglamento habla de la posibilidad de hacer test de alcoholemia y drogas a los peatones que se vean inmersos en un accidente, pero no se refiere al uso del móvil o aparatos eléctricos, un uso que prohíbe únicamente en el caso de los ciclistas.
En realidad, en toda España no hay una normativa que sancione el mal uso del teléfono por parte de los peatones. Ha sido Valencia una de las pocas que han puesto la vista en este asunto para tratar de acotarlo. Ya a primeros de marzo, la Concejalía de Circulación y Transportes lanzó una campaña bajo el título «Tú eres más importante. Para cruzar la calle, aparca el móvil», con la que trataba de concienciar a la población, sobre todo a los más jóvenes, de los peligros de usar este aparato mientras se cruza una calle.
Y ahora se plantea ir más allá en esta cuestión y establecer medidas para limitar ese uso descontrolado. Según explicó ayer el concejal Alberto Mendoza, su propósito es modificar la Ordenanza de Circulación de la ciudad de Valencia para sancionar a aquellos peatones que crucen una calle haciendo uso de su teléfono móvil y sin atender a las circunstancias del tráfico.
Aunque serán los servicios jurídicos los que se pronuncien finalmente, Mendoza cree que esta medida puede tener encaje legal. Eso sí, de hacerse, ya tendría que ser en la siguiente legislatura.
