La concejala socialista Sandra Gómez, que ahora está al frente de la delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, dejará de ser la abogada que representa al PSPV en el caso Nóos. El partido, de todas formas, mantiene la acusación popular, por lo que en las próximas semanas nombrará a otro letrado que haga esa función, según explicaron fuentes próximas al caso.
Cuando el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, formado entonces por ocho concejales y dirigido por Joan Calabuig, decidió personarse como acusación popular en el caso Nóos, recurrió a los servicios de la abogada Sandra Gómez, de 28 años de edad, para que llevara adelante esa función.
Gracias a su trabajo, la Audiencia de Palma de Mallorca, enmendando al juez instructor, José Castro, y al fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ha terminando sentando en el banquillo de los acusados al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, al que considera responsable de los contratos con Iñaki Urdangarín para organizar las dos ediciones de la Valencia Summit, cuyo coste superó los tres millones de euros.
Esa imputación obligó a Grau, mano derecha de Rita Barberá, a dimitir de su cargo en el mes de marzo, y acabó con la idea del equipo de Gobierno del PP de que la corrupción nunca había tocado al Ayuntamiento de Valencia.
Como reconocimiento a esa labor y a la valía política que se le presumía dentro del grupo municipal, Joan Calabuig incorporó a Sandra Gómez a su lista electoral como número 2, lo que tras las elecciones del pasado 24 de mayo y la creación de una coalición de Gobierno entre Compromís, PSPV y València en Comú, la ha aupado a un puesto de responsabilidad dentro del nuevo equipo de Gobierno. Concretamente, se encarga del área de Protección Ciudadana, que engloba a la Policía Local, Bomberos y Protección Civil.
Esa responsabilidad, sin embargo, la inhabilita, al menos funcionalmente, para seguir al frente de la acusación en el caso Nóos, por lo que la previsión es que abandone esa tarea en las próximas semanas y se nombre a un nuevo letrado. Existe la posibilidad de que sea alguien del mismo bufete y así se mantenga una supervisión directa, aunque es una cuestión que no está decidida.
Nadie se retira
Lo que no cambia es la intención del Partido Socialista en este caso. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la acusación se mantendrá aunque haya cambiado el equipo de Gobierno y el PP haya salido del poder. El objetivo de esta acusación no es político, sino defender los derechos de los valencianos y reclamar el dinero que les costó el contrato con Urdangarín, afirman.
Tampoco ha habido ningún concejal de los ocho firmantes de la denuncia que haya decidido retirarse unilateralmente. Aunque en el grupo actual sólo han repetido dos ediles, nadie ha decidido dar un paso en ese sentido.
Aún así, el Partido Socialista quiere mantener una acusación dentro de la legalidad pero sin estridencias. Aunque en su documento de acusación piden para Alfonso Grau 11 años de prisión por los delitos de prevaricación, fraude a la administración y tráfico de influencias „ el de falsedad documental le fue retirado„, aseguran que no quieren hacer mayor daño personal, por lo que en esta fase del proceso y con Grau ya en el banquillo de los acusados han decidido no pedir fianza para él.
Además de entender que no hay riesgo de fuga, creen que no deben perjudicar sus bienes, como ha ocurrido, por ejemplo, con los responsables de la Ciudad de las Artes y las Ciencias procesados en este sumario.
