El Ayuntamiento de Valencia se plantea la posibilidad de contratar a una empresa privada para cobrar las multas de tráfico a los conductores residentes fuera de la capital, pues el año pasado se abonaron poco más de un tercio de las sanciones y la anhelada Agencia Tributaria de la Comunitat Valenciana, de salir adelante, aún tardará un tiempo. El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, cree que es una buena opción, pues no choca con la actual concesión del cobro de multas y además no costará nada a las arcas municipales, ya que funciona a comisión.
Según los datos recogidos en el informe de la Intervención General relativo al año 2014, a lo largo de ese ejercicio se impusieron en Valencia multas de tráfico por un valor de 21,5 millones de euros, un 16,5% menos que el año anterior. Y una vez terminado el ejercicio, se habían cobrado poco más de 8 millones de euros, apenas un 37% del total, lo que significa que uno de cada tres sancionados no paga la multa.
Es más, el ayuntamiento tiene pendientes de cobro de años anteriores casi 41 millones de euros.
El motivo de tan baja recaudación es, en gran medida, que una parte importante de estas sanciones se impone a conductores de fuera de Valencia que saben que no se les pueden embargar las cuentas. Basta con que seas de Mislata o Xirivella para que el consistorio no pueda intervenir fuera de sus límites geográficos. Únicamente se ha conseguido un acuerdo con la Agencia Tributaria para descontar las multas de la devolución de la renta, pero si no hay devolución, no hay nada que hacer.
Para acabar con este problema, los nuevos equipos de gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia confiaban, y así lo han anunciado sus principales dirigentes, Ximo Puig y Joan Ribó, en la futura Agencia Tributaria de la Comunitat Valenciana, uno de cuyos principales objetivos sería luchar contra el fraude. Pero a día de hoy ese proyecto no tiene fecha de creación, por lo que la Concejalía de Hacienda escucha otras opciones.
Oferta de la empresa
La última propuesta le ha llegado de una empresa privada que se dedica al cobro de multas a extranjeros y no residentes en la Comunitat Valenciana. Después de que el pasado mes de febrero el Parlamento Europeo resucitara la directiva que permite acabar con este tipo de impunidad, estas empresas han vuelto a operar y son una alternativa a tener en cuenta.
De hecho, el concejal Ramón Vidal cree que es una buena opción para el Ayuntamiento de Valencia, ya que es compatible con la actual concesión para el cobro de multas „«sería un trabajo complementario», afirma„ y tiene un «coste cero» para las arcas municipales. Según explicó Vilar, «esta empresa no cobra nada al ayuntamiento, sólo se lleva un porcentaje de lo que recaude».
Por lo pronto, esta especie de «cobradores del frac» operan casi exclusivamente en los municipios turísticos, es decir, persiguiendo a los extranjeros, que, según Bruselas, son el 5% del tráfico pero el 15% de las infracciones por velocidad. Lo hacen además, con bastante éxito, pues «los extranjeros tienen esa pulsión cívica de pagar si alguien se lo reclama». Pero ahora han ampliado su radio de acción también al territorio nacional. «Y si se recauda una cantidad, por mínima que sea, bienvenida será», dijo el concejal.
En cualquier caso, se trata de una opción que hay que analizar desde el punto de vista técnico y jurídico antes de darle el visto bueno.
