El Ayuntamiento de Valencia quiere potenciar la comercialización de productos de la huerta de la ciudad, lo que se conoce como comercio de proximidad, mediante una nueva legislación que regule los Canales Cortos de Comercialización, una normativa europea que en opinión del consistorio favorece a las grandes empresas y perjudica a los pequeños comerciantes.
Es solo una de las ideas que la Concejalía de Huerta va a desarrollar en el Plan Integral para la Promoción de la Actividad y del Espacio Agrícola Municipal. Fuentes de la concejalía lo definen como un «proyecto ambicioso» que durará cuatro años y se pondrá en marcha a lo largo de todo el mandato.
Con él, el consistorio pretende hacer frente a diversos problemas a los que se enfrenta el mundo agrícola en la ciudad, sobre todo en las pedanías. Uno de ellos, que preocupa mucho al ayuntamiento, son las dificultades para la comercialización de los productos de proximidad. «La excesiva intermediación y las grandes corporaciones de la industria agroalimentaria en la cadena de comercialización deja desprotegida la pequeña producción primaria», diagnostican desde la concejalía.
«Esto se quiere combatir cambiando todas las barreras normativas que tienen actualmente los Canales Cortos de Comercializacón y Venta Directa así como la pequeña transformación artesana», indican fuentes del departamento que dirige Consol Castillo, que apuntan que la normativa actual «está pensada para la gran industria los procedimientos administrativos son, en muchos casos, enrevesados de manera innecesaria. Hay que simplificarlos».
Además, apuntan hacia lo que califican como «ruptura generacional». «Los agricultores son cada vez más mayores y la incorporación de jóvenes no llega a la tasa mínima de reposición», explican. Para ello, el consistorio quiere fomentar la filosofía del kilómetro cero, que entronca con la potenciación de los productos de la huerta valenciana y del banco de tierras.
Banco de tierras en desuso
Precisamente este es uno de los proyectos en los que más interés va a poner el nuevo ayuntamiento. La idea es hacer una lista de todas las parcelas abandonadas, en desuso o en barbecho en las zonas limítrofes con la huerta como Orriols, Rascanya, Campanar, Quatre Carreres, Benimaclet o las pedanías tanto del norte como del sur, entre otras, y ponerlas a disposición de las asociaciones vecinales para que sean ellas quienes la gestionen.
El banco de tierras, así las cosas, permitiría a las asociaciones de vecinos autogestionar parcelas en la huerta. Sería, eso sí, un proyecto independiente de los huertos urbanos que el ayuntamiento propuso en solares abandonados de toda la ciudad —proyecto que, por otra parte, no se ha concretado más—. Además, este banco de tierras tendría una peculiaridad que ya ha previsto el consistorio. Serían las propias asociaciones de vecinos beneficiarias de la cesión de las distintas parcelas las que se encargarían de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles rústico de cada uno de los huertos, que en ningún caso sería elevado. Además, desde el consistorio contemplan, aunque para casos «puntuales», bonificar el IBI hasta al 100 % para estas entidades. Cada caso se estudiaría de manera individual. Con el pago del IBI, además, se aseguran que los vecinos que pidan las parcelas estén interesados en explotarlas.
Mejora de las infraestructuras de riego
El documento que prepara el consistorio también contempla mejoras en las infraestructuras agrícolas de la ciudad. Una de ellas es el nuevo matador ecológico que el ayuntamiento acaba de inaugurar en Mercavalencia, pero desde la concejalía de Consol Castillo quieren ir más allá. Pretenden mejorar las infraestructuras de riego que afectan a la huerta de la ciudad. De hecho, se contemplan «actuaciones serias» en el riego de zonas como marjales. «Es clave mejorar en estas infraestructuras», explican fuentes de la Concejalía de Huerta.
