17 de marzo de 2016
17.03.2016
Medida

La normativa transitoria del Cabanyal propiciará las residencias universitarias

El ayuntamiento rechaza las alegaciones del PP que defienden la validez del Pepri y cuestiona la situación de urgencia del barrio

17.03.2016 | 04:15

El Ayuntamiento de Valencia ha remitido a la Conselleria de Obras Públicas para su aprobación definitiva el informe de alegaciones de la normativa urbanística transitoria del Cabanyal que cubrirá el vacío legal desde el punto de vista urbanístico en que ha quedado el barrio tras la derogación del plan de reforma interior (Pepri) del Cabanyal y la prolongación de Blasco Ibáñez. En los 20 días que estuvo expuesta al público la normativa urbanística transitoria, se presentaron tres alegaciones, algunas de las cuales han sido tenidas en consideración como la que hizo el gerente de la sociedad Plan Cabanyal para favorecer la agregación de parcelas en el barrio que posibiliten a su vez la implantación de residencias universitarias. La proximidad del campus al barrio del Cabanyal es un factor que quiere explotar el nuevo ayuntamiento y que muchos arquitectos y urbanísticas han señalado como uno de los potenciales del barrio.

Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno tripartito de Joan Ribó fue la derogación del plan de la prolongación de Blasco Ibáñez. Posteriormente, se ha encargado a Aumsa la redacción de un nuevo plan de protección del barrio, cuya tramitación durará meses. Los vecinos del Cabanyal se están encontrando con muchas dificultades para realizar obras o trámites burocráticos con sus propiedades. Entre los más afectados, los vecinos afectados por el proceso de expropiación forzosa iniciado por el anterior gobierno de Rita Barberá en la calle San Pedro, que no pueden escriturar sus propiedades en el registro.

Con la aprobación de la normativa urbanística transitoria, que devuelve el barrio a la situación anterior a la aprobación del PGOU de 1988 que dejó el barrio en planeamiento diferido, se espera que se puedan agilizar y clarificar las licencias. El ayuntamiento y la Generalitat suscribieron a finales del año pasado un convenio con el Ministerio de Fomento para impulsar la rehabilitación de 250 casas del barrio a través de la financiación público-privada.

Entre las alegaciones que se han tenido en cuenta figura la de mantener la obligatoriedad de construir aparcamientos, salvo en las parcelas muy pequeñas.

Otras de las alegaciones que han sido rechazadas está la regularización del bloque portuario Ruiz Jarabo que, según responden los técnicos de la concejalía de Desarrollo Urbano que dirige el socialista Vicent Sarrià, se abordará en el plan de protección global.

También rechaza el ayuntamiento las alegaciones del grupo municipal del PP que defiende la validez del Pepri de la prolongación actualizado y duda de que concurra situación de urgencia en el barrio que justifique la normativa transitoria. El gobierno local remite en este punto al informe de 2015 de la Dirección General de Bellas Artes que alertaba del «creciente deterioro arquitectónico y social» del barrio

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