Los catorce años que la Generalitat Valenciana lleva sin firmar el contrato-programa con el Estado han privado al transporte del área metropolitana de Valencia de percibir unos 520 millones de euros. Según las consignaciones que aparecían en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2003 a 2010 „cantidades que no se llegaron a ingresar„, Valencia se quedó sin 280 millones euros. Si atendemos a los cálculos estimativos en función de la población y los servicios con los que cuenta la capital y los municipios de su alrededor „1,5 millones de habitantes„, el Gobierno de España podría financiar el transporte metropolitano de cada ejercicio hasta con 40 millones de euros, es decir, que desde 2011 hasta 2016 Madrid se ha ahorrado otros 240 millones de euros.
Dos hechos marcaron la pérdida del contrato-programa durante los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Generalitat Valenciana. En 2001, penúltimo año en que el transporte metropolitano fue subvencionado, el Estado detectó que el Consell de Eduardo Zaplana desvió parte de la cantidad asignada para otras partidas presupuestarias, por lo que Valencia fue «penalizada» por aquello durante años. Así, la última ocasión en la que el Estado inyectó una subvención para el transporte metropolitano en las arcas autonómicas fue en 2002, cuando FGV recibió de los PGE un total de 13,7 millones de euros.
A partir de entonces, el Estado siguió consignando en los presupuestos la partida para el contrato-programa, aunque nunca se llegó a abonar en la cuenta de la Generalitat. En 2003 fueron 13,97 millones para FGV, y partir de 2004 y hasta 2010 con cantidades que oscilaban entre los 37,7 y los 38 millones de euros y que debían subvencionar a FGV y EMT.
Desde 2011, debido a la crisis, estas cantidades dejaron de consignarse en los PGE, pero además en 2013 se produjo otro hecho que imposibilitaba acceder a ese contrato-programa. La Generalitat Valenciana finiquitó la autoridad del transporte metropolitano, la Agencia Valenciana de la Movilidad, que entonces contaba con 39 trabajadores. Sin autoridad metropolitana es imposible optar al contrato-programa del Estado, ya que las ayudas que ofrece el Gobierno de España se deben destinar a la integración tarifaria de todos los medios que forman parte de este consorcio, a ampliar la cobertura del territorio al que se presta servicio y a invertir en nuevas tecnologías o equipamientos de las empresas de tren, metro o autobús.
De ahí que el primer paso urgente que han de dar el Consell y los municipios del área metropolitana es el de crear una nueva autoridad del transporte metropolitano. Estos días la comisión técnica diseña este nuevo organismo.
Según ha podido saber este periódico, se ha descartado la fórmula del consorcio y se da casi por seguro la creación de un organismo autónomo que creará la Generalitat y al que se adherirán los municipios del área metropolitana. Para mediados de año debe estar constituido, de tal manera que Valencia presente su candidatura a los presupuestos generales de 2017. Mientras, y como solución de urgencia y transitoria, el Consell y la Diputació financiarán este año el regreso de la EMT a las localidades con 400.000 euros.
