Conseguir que Valencia sea una «ciudad libre de desahucios», ofrecer mediación para frenar los desalojos por impagos, ampliar el parque público de vivienda social „«casi inexistente» con solo 188 inmuebles„ y crear un registro de demandantes de viviendas son algunas de las medidas que va a poner en marcha la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia. Su titular, María Oliver, presentó ayer un paquete de medidas para facilitar a quienes lo necesitan el acceso a una vivienda, entre las que figuran nuevas inversiones y la creación de una oficina de información y asesoramiento y una web.

El ayuntamiento, gobernado por Compromís, PSPV y Valencia en Comú, invertirá 1,2 millones de euros este año en la compra de viviendas para destinarlas a alquiler social, lo que supondrá alrededor de 40 viviendas sociales más, una cifra todavía alejada de la de otras ciudad como Barcelona donde existen 10.000, apuntó ayer Oliver. Los pliegos de condiciones para la adquisición de estas viviendas se están ultimando y en breve saldrán a licitación. El ayuntamiento busca viviendas ya construidas con una horquilla de precios de entre 25.000 y 40.000 euros que se destinarán a alquiler social.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la concejalía de María Oliver a la hora de poner en marcha medidas en materia de acceso a la vivienda es la falta de cifras sobre los demandantes de viviendas. Por eso se ha creado un registro de demandantes al que se podrá acceder a través del nuevo portal web de la Concejalía de Vivienda. Los datos del registro, una herramienta con la que no se contaba hasta ahora, «servirán para orientar las inversiones municipales en materia de vivienda pública», destacó Oliver. El registro estará abierto a todos los ciudadanos mayores de edad o emancipados, empadronados en Valencia, con necesidad de vivienda y unos ingresos inferiores a 2,5 veces el valor del indicador público de renta de efectos múltiples, esto es, algo más de 18.600 euros anuales.

El ayuntamiento ha creado una oficina de información en el ayuntamiento de la Tabacalera donde se intentarán resolver todas las dudas del ciudadano en materia de vivienda. El portal también incluye acceso a un servicio de mediación para resolver los conflictos derivados del impago de la hipoteca o el alquiler, por el cual, de forma gratuita, el ayuntamiento facilitará la búsqueda de un acuerdo entre propietarios o arrendatarios y la entidad bancaria o el arrendador, negociando medidas para superar las dificultades del pago y evitar la pérdida de la vivienda. El servicio ofrecerá información y asesoramiento a todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos, que acepten de forma voluntaria la mediación y se comprometan a participar activamente en ella. Oliver insistió en que el gobierno tripartito aboga por que Valencia sea «una ciudad libre de desahucios hipotecarios».

Oliver destacó ayer que en Valencia continúan los problemas de vivienda, pues sigue habiendo desalojos por impago de alquileres y «las ocupaciones de viviendas vacías y la emancipación de los jóvenes continúan en porcentajes muy bajos», si bien confió en que las medidas anunciadas ayer sirvan para atajar la situación.

Por otro lado, a partir de esta semana estará abierto el plazo para la solicitud de ayudas al pago de alquileres para rentas bajas, a las que podrán acceder las personas empadronadas en Valencia que no se encuentran en situación de exclusión social pero tampoco disponen de liquidez suficiente para abonar un alquiler. Casuística en la que entran por ejemplo los mayores de 60 años con pensiones bajas y jóvenes con sueldos igualmente bajos, que en muchas ocasiones han tenido que volver al hogar familiar. Las ayudas, que podrán solicitarse en un plazo de dos meses a partir de esta semana, alcanzarán el 40% de la mensualidad del alquiler, que deberá ser inferior a 450 euros.