Antoni Morant, director del equipo de la Universitat de València que elaboró el informe sobre las calles relacionadas con el franquismo, aseguró ayer que se ciñeron a lo requerido por la Ley de laMemoria Histórica y que ante la duda, dejaron sin cambiar los nombres de una decena de calles. «Si hubiéramos aplicado los criterios del País Vasco, por ejemplo, la lista habría sido mucho más larga», aseguró.
Tal como explicó en su día la concejala de Cultura, Glòria Tello, el cambio de nombre de 51 calles relacionadas con la dictadura se ha hecho siguiendo un informe de la Universitat de Valencia. La relación final, sin embargo, ha recibido algunas críticas referidas, básicamente, a nombres de religiosos o personas asesinadas durante la guerra.
Frente a estas críticas, el máximo responsable del informe, Antoni Morant, ha defendido el rigor de su trabajo. «Hemos sido muy prudentes», aseguró. «Si hubiéramos seguido los criterios del País Vasco la lista hubiera sido mucho más larga», recalcó.
Muy al contrario, el equipo que realizó el informe trabajó «con la documentación del propio ayuntamiento» para ver los nombres que se habían puesto o cambiado durante la dictadura y se ajustó al dictamen de la Ley de la Memoria Histórica, concretamente a su artículo 15.2. Además, en caso de duda sobre alguno de los personajes, estos se quedaron fuera. Morant calcula que por este motivo no han entrado en la lista una decena de nombres.
«De los 51 que han quedado no hay ninguna duda» recalca. «Que hay algún profesional excelente, seguro que sí, pero no se trata de que sean católicos o de derechas, el problema es que eran cargos o símbolos del movimiento», explica Morant.
«En el caso del grupo de viviendas Antonio Rueda, los nombes fueron decisión de un alcalde falangista que quiso homenajear a los caídos por Dios y por España», precisó Morant atendiendo al expediente de las calles. «Murieron defendiendo sus ideales cuando empezó el movimiento nacional», abunda el profesor universitario, que no tiene ninguna duda de que «esas nominaciones tenían vínculos con el franquismo». «El propio expediente te dice que están afectados por la Ley de la Memoria Histórica», señala.
Morant recuerda que en el listado hay ministros y al menos cuatro «depuradores», personas que calificaban a los profesores como «rojos» y ya no podían dar clases en institutos públicos. «Esa gente no mataba, pero arruinaba vidas», defiende Morant, que insiste en que «la calidad profesional o ser buena persona no es lo que nos está diciendo la Ley de la Memoria Histórica».
En concreto, «todos los nombres del grupo Antonio Rueda son caidos por Dios y por España» según el expediente municipal. «La instrumentalización es la que hizo la dictadura», advierte.
En cuanto a la posible contaminación del listado, Morant asegura que «el ayuntamiento no ha sugerido ningún nombre. Ni para quitar ni para poner». De la misma manera, ellos no han interferido en la nueva nomenclatura, lo que no impide que él personalmente esté de acuerdo con la misma. «Si son personajes y figuras de la cultura política democrática, por qué no ponerlos», dijo.
