El Ministerio de Hacienda ha respondido al alcalde, Joan Ribó, con una negativa a su petición de sacar a València del plan de ajuste, una medida que impide al ayuntamiento concertar nuevas operaciones de crédito hasta el año 2022 y le obliga a destinar sus ingresos al pago de deuda (80 millones por año, un 24% del total de los ingresos). Un plan con el que el Gobierno de Rajoy, apunta el alcalde, «nos quiere ahogar».
El alcalde remitió el pasado mes de abril una carta al Ministerio de Hacienda, a la atención del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, para solicitar la supresión del plan de ajuste del Ayuntamiento de València tras la cancelación total de la deuda del Fondo para la Financiación, el Pago de Proveedores y el cumplimiento de la denominada ley Montoro. El Govern de la Nau esgrime que el porcentaje de deuda de València se sitúa en el 75%, por debajo del límite legal del 110% y que el plazo de pago a proveedores se sitúa en 2,7 días. Mantener el plan de ajuste cuando la ciudad cumple, afirma el alcalde es una incoherencia.
La secretaría general de financiación autonómica, Belén Navarro, respondió el pasado 17 de mayor al alcalde explicando que el Gobierno no tiene previsto revocar esta medida y que València podría salirse del plan si cancelase anticipadamente los préstamos pendientes. Con todo, señala que la anulación del plan de ajuste es una petición que por tener alcance financiero, tributario y presupuestario debería debatirse en la comisión de expertos, creada en febrero pasado, para actualizar el sistema de financiación local. El Ministerio de Hacienda deriva así la petición de Ribó a dicha comisión y le emplaza a formularla a través de la Federación de Municipios y Provincias, con representación en dicha comisión.
Ribó ya ha remitido una carta al presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero pidiéndole que plantee, ante dicha comisión de expertos señalada pr el ministerio como vía enmiendas adicionales a los presupuestos generales de 2017, la derogación de los planes de ajuste cuando se cumplan las condiciones de la ley.
El Govern de la Nau viene solicitando desde hace ya mucho tiempo la supresión del Plan de Ajuste, porque,señalan, la también conocida como «Ley Montoro» les impide utilizar el superávit para políticas sociales, limita las contrataciones o impide crear empresas públicas.
Ribó explica que «después de casi dos años de la entrada del nuevo gobierno municipal, la situación económico-financiera y presupuestaria es muy diferente a la que recibimos del antiguo equipo de gobierno». Ribó asegura que la situación se ha superado y lamentó el «empecinamiento» del Gobierno de Rajoy en castigar a València pese a tener ya las cuentas saneadas.
