Quince años después de arrasar con la huerta milenaria de La Punta y de «deportar» a las familias de labradores que vivían de la tierra, los terrenos de la Zona de Actividad Logística (ZAL) continúan sin ningún tipo de actividad, yermos y como perfecto ejemplo de una nefasta gestión del territorio. Por si fuera poco, una sentencia del Tribunal Supremo anulaba parcialmente el proceso y volvía a calificar como «huerta de especial protección» toda la zona.
A pesar de este panorama tan poco alentador, la Autoridad Portuaria está planteando ahora una nueva tramitación de la ZAL para adecuarla a las exigencias de la sentencia judicial, un nuevo proceso que no ha hecho más que echar sal sobre la herida aún abierta en La Punta.
Esta semana el colectivo Per l'Horta ha advertido de la aparición de una intervención en la zona afectada. Un enorme cartel en la rotonda de acceso a la ZAL en la que se recuerda el último de los derribos de La Punta en el año 2003, la casa de Maruja, uno de los símbolos de la resistencia. La foto refleja el momento en el que una máquina excavadora comienza la demolición de la alquería, en la que se pintó: «ZALplana, el Port i l'Alcaldessa (Rita Barberá) volen deixar l'Horta tiesa».
A principios de mayo catorce entidades vecinales, agrícolas y de defensa del territorio lanzaron un manifiesto en el que volvían a insistir en que los Pobles del Sud querían seguir siendo «huerta productiva» y expresaban una vez su rechazo a la ZAL. Exigen la retirada del nuevo plan y abrir un proceso participativo «para reparar la violencia ejercida»
