El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana estudian medidas para aumentar y mejorar el parque de vivienda de la ciudad. Entre las propuestas que plantean ambas administraciones está la creación de un registro de demandantes único para ofrecer "una vivienda asequible, digna y adecuada".
En la actualidad, València dispone de viviendas públicas repartidas en distintas entidades públicas y gran parte de las mismas están en mal estado incluso antes de hacer sido puestas en servicio. La semana pasada, sin ir más lejos, la Generalitat clausuró un edificio de Velluters ocupados por toxicómanos que nunca se había puesto en servicio en sus ocho años de existencia.
En la actualidad, el parque público municipal de vivienda está formado por 320 viviendas del Servicio de Patrimonio -que incluye 200 del barrio de El Cabanyal pendientes de rehabilitar-, otras cien viviendas de Bienestar Social, 3 del Servicio de Innovación, y 600 más de la empresa Aumsa. Los perfiles y criterios de adjudicación de este parque municipal son de diferente tipo: viviendas protegidas, sociales o patrimoniales. Y cada una funciona por separado.
Reunión bilateral
La concejala de Vivienda de valència, María Oliver, y la directora general de Vivienda de la Generalitat, Rebeca Torró, se han reunido ahora para abordar estas situaciones y han constatado, entre otras cosas, «la insuficiencia del parque público municipal» y «la necesidad de crear un registro único y coordinado de personas demandantes» para «posibilitar una vivienda asequible, digna y adecuada a un número mayor de personas».
Oliver y Torró han acordado la creación de un registro único para aglutinar personas con necesidad de vivienda, con o sin necesidad de acompañamiento. La idea planteada es fusionar los diferentes registros existentes, como el de demandantes de alquiler social o el municipal de demandantes de viviendas de protección pública, entre otros.
Está previsto que el registro recoja también los intereses de cada hogar con claridad -ya sea vivienda social, vivienda vacía movilizada, vivienda de protección en alquiler o en venta, alojamiento dotacional- y haga uso de los datos estadísticos.
Al mismo tiempo, se creará un formulario unificado y se definirán los procedimientos de publicidad para llegar al máximo de familias con este derecho.
