Después de que Compromís haya pedido al PSPV que ponga en marcha más medidas de control sobre los apartamentos turísticos, los socialistas replicaron ayer a la formación valencianista que son precisamente ellos los que tienen en sus manos «frenar en seco los casos irregulares». Según el partido que dirige Sandra Gómez (con las competencias en turismo), es el área de licencias (que gestiona Compromís) la que tiene la capacidad de inspección de los pisos que se anuncian en portales como Airbnb. «Lamentablemente los estudios del sector de la hostelería advierten de que existe un 80 % de la oferta de alquileres turísticos que trabajan sin licencia, por lo que entendemos que Compromís, a través del área que coordina Carlos Galiana, puede incidir sobre esta cuestión y aumentar las inspecciones», explicaron fuentes del partido de Blanquerías.
Cuestionado el PSPV sobre por qué no aceptó las enmiendas de Compromís sobre los apartamentos turísticos en una reciente moción para la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, los socialistas esgrimieron que la propuesta de sus socios «mezclaba conceptos y no tenía sentido». «Si quieren que hablemos de apartamentos turísticos nos parece correcto, pero hay que hacerlo siguiendo un discurso lógico y no mezclar asuntos», explicaron desde el PSPV.
El otro partido del Govern de la Nau, València en Comú, explicó que para ellos es «prioritario» poner solución al problema de los apartamentos turísticos en la ciudad y aseguraron a este periódico que la cuestión se debe debatir en el seno del Govern de la Nau. Compromís considera que existe el riesgo de que la problemática «explote» en breve y mostraron una «gran preocupación».
Desde el PSPV recuerdan que desde su área en la Generalitat ya comienza a dar frutos su política de presión sobre los apartamentos ilegales con el aumento de inscripciones en el registro de la Agencia Valenciana de Turismo.
Con todo, el Grupo Municipal Socialista explicó ayer que ha puesto en marcha «numerosas iniciativas» para controlar los apartamentos turísticos y poner freno a los pisos ilegales. Así, recuerdan que hasta la aprobación del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella, no se van a conceder nuevas licencias para apartamentos u hoteles, aunque la medida no afecta a las solicitudes que ya se habían tramitado.
El PEP, que debe salir a exposición pública antes de su aprobación, eliminará la compatibilidad entre usos residenciales y hoteleros. «Si no es terciario un edificio, no podrá tener pisos turísticos», explican. El documento también regula las denominadas 'viviendas colaborativas', que abre la opción de arrendar o ceder a los propietarios que estén empadronados en las mismas y con un límite de días al año aún por definir. Además no podrán subcontratar otros servicios como la limpieza y las comunidades de vecinos tendrán capacidad de veto.
Desde el área de Turismo aseguran que ya han celebrado tres reuniones con Airbnb para «compartir información» y propiciar que se legalicen todos los apartamentos irregulares. Además trabajan ya con la Generalitat para realizar campañas de control de pisos ilegales y van a impulsar una mesa de trabajo con empresarios del sector y entidades vecinales.
