Mercadona hizo ayer públicos sus resultados empresariales que arrojan un beneficio de 718 millones en 2022, un 5,5% más que el año anterior, con unos ingresos récord de 28.466 millones de euros.
El vicepresidente del Consell Héctor Illueca no ha tardado en publicar en su cuenta de tuiter su diatriba personal contra Juan Roig al que ha calificado en alguna ocasión como “capitalista monopolista despiadado” para afirmar que el presidente de Mercadona saca pecho de sus beneficios algo que es “obsceno” para el consejero de Vivienda.
Lo que es obsceno de verdad es que no haya vivienda pública que ayude a reducir los elevados precios de alquiler y compraventa, que en la ciudad de Valencia se han encarecido un 26% con el Gobierno del Botánic. No solo se ha reducido la oferta sino que los precios son prohibitivos. Nada se ha hecho en este sentido, salvo hablar de topar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas, lo cual provocaría reducir aún más oferta como ha ocurrido en Barcelona.
Otra habitual de las redes sociales como es la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra ha vuelto a cargar contra Juan Roig y su “capitalismo despiadado”.
Nada dicen estas personas, sin embargo, de los impuestos que la cadena de supermercados valenciana ha pagado en impuestos y que han ascendido a 2.262 millones de euros.
Las empresas pagan un 25% en impuesto de sociedades por sus beneficios.
Impuestos que sirven para pagar las políticas sociales que dicen defender como colegios, pensiones, hospitales o dependencia.
Es importante que las empresas ganen dinero porque generan riqueza y puestos de trabajo. En el caso de Mercadona se da la circunstancia, pese a todas las críticas que recibe de la extrema izquierda que es la empresa que mejor retribuye a sus trabajadores y donde no existe la temporalidad.
Hay una persecución política contra los empresarios porque sus empresas ganan dinero que ha llevado a que algunos empresarios, como es el caso de Rafael del Pino a sacar sus empresas fuera de España. En el último año más de 30 empresas, de menor tamaño que Ferrovial han cambiado su domicilio social fuera de España a países como Portugal, EEUU o Países Bajos. El propio Amancio Ortega, dueño de Inditex y una de las fortunas más grandes del mundo, también se lo planteó en su momento, pero declinó hacerlo por el alto coste político y de imagen que tenía aquella operación de trasladarse a Holanda.
La criminalización constante que están sufriendo los empresarios por parte de partidos como Unidas Podemos, socios del Gobierno de Sánchez, solo contribuye a que muchos empresarios se planteen marcharse fuera de España cuando la política debería ser justo la contraria. Hacer que cada vez vengan más empresas a España a montar sus negocios porque eso significa empleo y riqueza para un país. Aquí se está abogando justo por todo lo contario.
