A pesar del ruido mediático del caso Koldo y el caso Ayuso que ocupan las portadas de los principales medios de comunicación y son objeto de acaloradas tertulias, los agricultores y ganaderos continúan con sus protestas. Hoy ha sido Madrid, donde cientos de agricultores han llegado con sus tractores hasta la sede del Ministerio de Agricultura para hacer oír sus reivindicaciones.

A pesar de las promesas del ministro Luis Planas, en estas semanas de movilizaciones no ha habido avances, aunque la última palabra la tiene Bruselas.

 En plena campaña de la naranja se está produciendo una importación masiva de naranja procedente de Egipto que está distorsionado el mercado con precios a la baja. Mientras se queda la fruta en los árboles porque no es rentable su recolección, las importaciones se disparan.

Según los últimos datos disponibles que son de noviembre de 2023, Egipto exportó a la UE, 488.881 toneladas, un 108% más que el año anterior y un 84% más que la media de las últimas campañas. Egipto se ha convertido en el segundo país importador, después de Sudáfrica. Egipto tiene plantados casi 24 millones de naranjos, de los que 14 millones de árboles están en plena producción y el resto lo hará en los próximos años. Eso significa más naranja en el mercado, con el consiguiente derrumbe de los precios.

Las importaciones de cítricos procedentes de terceros países como Egipto o Sudáfrica se rigen por unos estándares medioambientales y fitosanitarios mucho menos exigentes que los que rigen en los países de la UE, entre ellos, España, mucho más restrictivos.

Es imposible competir en igualdad de condiciones con países con una mano de obra mucho más barata. El SMI en Egipto es de 168,60 euros al mes en 12 pagas, mientras que en España es de 1.080 euros en 14 pagas.

Pero, al margen del coste de la mano de obra que, sin duda, afecta al precio final del producto, las reclamaciones de los agricultores van en la línea de exigir reciprocidad que eviten la competencia desleal de unos países sobre otros y el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria que prohíbe vender por debajo del precio de coste.