Nacho Martín, Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha decidido bloquear la aprobación de la ordenanza de telefonía móvil a causa de «obstáculos jurídicos» después de 6 años y 8 meses de retrasos y a pesar de que el pleno de la corporación se comprometió en 2002 y en 2005 a regular tanto la instalación como el impacto de las antenas repetidoras.

Así lo confirmó ayer el edil de Servicios Públicos, Miquel Soler, quien explicó que el gobierno local ha tomado esta determinación a la vista de que «todas las ordenanzas que se han intentado en otros puntos de España en este sentido han sido rechazadas en sentencias judiciales».

Soler argumentó que las trabas jurídicas son demasiado complejas y no fijó ningún plazo para buscar posibles salidas a una norma tan prometida por los responsables políticos como reclamada por las asociaciones vecinales de Castelló.

El edil popular admitió que en la capital de la Plana existen desde hace años decenas de antenas repetidoras irregulares que no cuentan con ningún tipo de licencia municipal.

Ante esta situación, Soler alegó que el conflicto «es complicado porque el Estado también obliga a las operadoras a que presten cobertura, y hay decenas de expedientes de infracción en este ayuntamiento».

Eso sí, las autoridades municipales siguen sin explicar por qué se permite que las operadoras incumplan la legislación y por qué existen instalaciones irregulares que varios años después aún no han sido derribadas y tampoco han motivado sanción.

El pleno del ayuntamiento instó en 2005 al Gobierno a exigir fianzas a los operadores con el objetivo de que cubran posibles daños provocados por la emisión de las antenas. Además, este requerimiento se completó con un proyecto de ordenanza llamado a controlar los niveles máximos de radiación y delimitar en el plazo de tres meses un mapa de zonas sensibles para la salud en las que quedaría prohibida la instalación de repetidores.

La nueva normativa prohibiría el funcionamiento de aquellas instalaciones emisoras que (de forma individual o conjunta) superaran los límites de exposición establecidos en la normativa estatal. Además, se preveía ejercer el control mediante la creación de un registro obligatorio para todas las instalaciones y una Comisión Municipal de Telecomunicaciones.

Con el objeto de garantizar los niveles de protección de la salud, el ayuntamiento también obligaba al operador a presentar un mapa de intensidades de los campos electromagnéticos de todo el término municipal en relación con las instalaciones existentes y las que resultaran de la nueva red. Asimismo, las empresas debían aportar un seguro acompañado de la autorización y el control de niveles del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Finalmente, en el marco de una dura oposición de las empresas del sector (Movistar, Vodafone, Amena y Esfera), el gobierno local aplazó aprobación de la norma para limar aspectos jurídicos.

Servicios Públicos había anunciado la utilización de mecanismos de regulación urbanística y ambiental para poder asumir las reivindicaciones vecinales e impedir la instalación de antenas de telefonía móvil cerca de edificios públicos de especial riesgo para la salud (colegios, servicios médicos, centros de tercera edad, etc...). En aquel momento, el edil Miquel Soler explicó que su concejalía quiere responder a la inquietud ciudadana sin rebasar las competencias del ayuntamiento, que carece de potestad en materia de salud pública.

Exigencias vecinales

Las declaraciones de Soler respondían a las alegaciones del grupo de trabajo de ordenanzas y reglamentos del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que el 6 de marzo de 2007 exigió que la nueva ordenanza proteja a los ciudadanos castellonenses del efecto de las antenas sobre la salud. El escrito fue aprobado tanto por vecinos como por las ediles delegadas del PP y del PSPV. Tras años de trabajo, las operadoras han ganado el pulso al ayuntamiento.