Joan Mestre, Castelló
La Conselleria de Urbanismo y Vivienda arrojó ayer algo de luz respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que invalida la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló de 2000. Fuentes de la conselleria aseguraron que el PGOU que saldrá a exposición pública será el mismo que se aprobó en 2000, sin incluir ninguna de las modificaciones introducidas posteriormente, y reiteraron que el fallo se ejecutará una vez lo reciban oficialmente por parte del tribunal.
Las mismas fuentes subrayaron que la resolución del Supremo solamente se refiere al plan general de 2000 «y no dice nada de incorporar ninguna modificación», y aseveraron que los cambios posteriores mantendrán su cobertura legal aunque no se recojan en el nuevo texto. El fallo del Supremo anula concretamente el acuerdo de la Generalitat por el que se aprobaba definitivamente la revisión del PGOU de 2000 por no exponerse nuevamente al público tras la aprobación provisional del ayuntamiento, ordena retrotraer el procedimiento administrativo al momento anterior a la resolución del Consell y que se abra un periodo de alegaciones al PGOU de 2000. Es decir, el Gobierno local ha de sacar a exposición pública este plan -se prolongará dos meses mínimo- y enviarlo después al Gonsell para que le dé luz verde.
Expertos consultados por este diario estiman que el equipo de Gobierno debería incorporar los planeamientos introducidos en los últimos nueve años. El abogado de la parte recurrente, Miguel Carceller, considera que si se aprueba el mismo PGOU de 2000 se podrían quedar en el aire dichas modificaciones. Esta opinión no es compartida por los servicios jurídicos de la Conselleria de Urbanismo. Una portavoz de este departamento insistió ayer en que la sentencia obliga a exponer al público «sólo» el programa que se aprobó en 2000, y apuntó que «no hará falta» contemplar los cambios programados a posteriori.
Asimismo, desde la Generalitat informaron de que el fallo se ejecutará cuando les remita el tribunal el original o «testimonio» de la sentencia. Estas palabras chocan con lo dicho hasta ahora por el Gobierno valenciano y el ayuntamiento. Ambas administraciones afirman desde hace una semana que están analizando una sentencia que ahora dicen que no tienen. «Ahora contamos con la notificación del fallo, y ésta es la que estamos estudiando», añadió la portavoz de la conselleria.
Por su parte, desde el Ejecutivo local no quisieron precisar sus planes, calificaron de «aventuradas» las explicaciones de la conselleria, y agregaron que están examinando«cómo se ha de ejecutar la sentencia».
Un informe de la asesoría jurídica municipal, que fue presentado el lunes por el vicealcalde Javier Moliner, sostiene que hay un plazo legal de dos meses en el que los afectados no pueden exigir la ejecución forzosa del fallo, y asevera que el PGOU de 2000 se puede aplicar hasta que el Consell no disponga del testimonio oficial de la sentencia. El ayuntamiento seguirá concediendo por ahora licencias en base al plan anulado.
