El Juzgado de Instrucción Número 3 de Castelló ha postergado hasta el 14 de enero las declaraciones judiciales de la causa que le ha obligado a reabrir la Audiencia Provincial para que investigue a la cúpula del PP de Cabanes por un supuesto delito de manipulación de censos electorales, según datos facilitados ayer por el partido Iniciativa.
Esta decisión retrasará durante seis meses la declaración de alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, quien deberá aclarar el supuesto empadronamiento fraudulento en casas de destacados miembros del PP –algunas de ellas deshabitadas– de 39 votantes que no vivían en el municipio poco antes de las elecciones municipales de 2007.
El mismo día que Siurana también comparecerán ante el juez el funcionario V.T.O. en calidad de imputado, los sobrinos del alcalde Luís Miguel Siurana y Víctor Manuel Siurana, Ana María Muñoz Siurana (sobrina del alcalde y madre de una concejala del ayuntamiento) y María Pilar Herrasti y Alberto Martí (conocidos miembros del PP local). Por el momento, todavía se desconoce cuándo se convocará en calidad de testigo al secretario del consistorio, un testimonio clave que fue expresamente requerido por la Audiencia Provincial en la resolución que ordena la reapertura de la causa.
De forma paralela, el juez ha requerido una serie de actuaciones al Instituto Nacional de Estadística (INE) al objeto de llevar a cabo nuevas comprobaciones en los domicilios.
El concejal de Iniciativa que denunció la supuesta trama, Carles Mulet, manifestó que la lentitud de la Justicia «es exasperante y permite a los posibles delincuentes continuar en su cargo; y aunque la causa avanza, parece que las prisas no son muchas». El caso, destapado en febrero de 2009, fue archivado ese mismo mes por el Juzgado de Instrucción Número 3 y la Fiscalía que entonces dirigía Javier Arias, a quien el partido Iniciativa calificó ayer en su comunicado como «un alineado de Carlos Fabra». Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial decidieron reabrir la causa el pasado 8 de julio ante la existencia de «indicios suficientes de un ilícito penal» y la «gravedad» de unos hechos que «ponen en tela de juicio el funcionamiento del sistema democrático» y que obligan a los poderes públicos a «llevar las diligencias de investigación hasta sus últimas posibilidades».
