Carlos Fabra tiene previsto reaparecer muy pronto en la vida pública castellonense. El líder provincial del PP planea dar este mismo mes sus primeros pasos en sociedad tras el delicado trasplante de hígado a que fue sometido el pasado 22 de abril en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y no lo hará solo, sino de la mano de su esposa, María Amparo Fernández, ya que la pareja será la invitada de honor a la inauguración, el próximo día 21 de julio, de la nueva sede de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló, según confirmó ayer la directora de esta entidad, María José Fabregat.
"Mampa me dijo que estará aquí con nosotros y también Carlos. Pero tendremos que esperar a que vuelvan del viaje a Francia", aseguró la responsable de la asociación, quien confió en que a la inauguración asista también el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Desde que estalló el caso Fabra, a finales del año 2003, los rumores sobre la separación de la pareja habían sido intensos y constantes. Detrás del escándalo político estaba el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, que interpuso sendas querellas contra Fabra y su esposa y los acusó de haber cobrado comisiones millonarias a cambio de favores políticos. El juez de Nules, tras tomar declaración a los cónyuges, decidió que había indicios suficientes para imputarlos en delitos contra la Administración Pública. De esta manera, el que parecía uno de los matrimonios más sólidos y respetados de la provincia se resquebrajaba en los pasillos de los juzgados.
Tres años más tarde, Vilar se sentaba en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castelló por violar a su mujer, Montserrat Vives. Tanto Fabra como Fernández fueron citados a declarar como testigos de cargo en el juicio, dada la relación de amistad que mantenían con el industrial y su pareja. Durante la vista oral, los Fabra tomaron partido a favor de Vives, a la que definieron como una buena amiga de la familia. Mientras tanto, a Vilar, con el que habían mantenido una estrecha relación de amistad y comercial, lo presentaron como un hombre trastornado, depravado y maltratador de mujeres. La consecuencia de aquel juicio fue que el empresario terminó condenado a 10 años de prisión, pena que hoy cumple en la cárcel de Zaragoza.
Durante los años siguientes, María Amparo Fernández mantuvo las distancias con su marido y decidió fijar residencia, junto a sus hijas, en Madrid. Fabra, por su parte, siguió al mando de la Diputación de Castelló y del PP provincial, mientras trataba de defenderse de las causas que se abrían contra él y su esposa en los juzgados de Nules. Paralelamente, con lentitud pero sin pausa, la Justicia proseguía su investigación. Los inspectores de la Fiscalía Anticorrupción siguieron la orden de la Audiencia Provincial e indagaron hasta detectar ingresos por importe de 11 millones de euros en las cuentas de Fabra y Fernández y una cuota supuestamente defraudada al fisco de 1,7 millones. Las acusaciones de Vilar sobre el cobro de comisiones se confirmaban.
Hoy, siete años después de que estallara el mayor escándalo político de la Historia de Castelló, cuando Fabra atraviesa sus horas más bajas, cuando la Fiscalía Anticorrupción está a punto de pedir penas de cárcel contra él por fraude fiscal, cuando el juez de Nules Jacobo Pin se ha decidido a abrir juicio con jurado contra la pareja, el matrimonio vuelve a estar más unido que nunca. Juntos hasta el final.
