La Asociación de Televisiones de Proximidad de Castelló, que integra a los seis canales locales que han sido sancionados con 1000.000 euros por emitir en TDT sin licencia, prevé presentar una «querella criminal» contra la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, responsable del expediente, «por prevaricación», aseguró ayer a este diario el portavoz de la plataforma, José Antonio Marzá.

El Consell, en un dictamen firmado por Dora Ibars el 3 de septiembre, multó con 100.000 euros a las cuatro empresas audiovisuales que gestionan las televisiones locales, caso de Fadrell Visión Producciones (Castalia TV), Información Audiovisual Levante (Televisión de Benicàssim), Técnicas y Emisiones de Televisión (TV4) y Gestión de Redes Digitales (TVO, MiTV y TVC), por emitir en TDT por el canal 39, primero, y luego por el 38, a través de un centro emisor del Desert de les Palmes, sin contar con la preceptiva concesión administrativa. Asimismo, les ordena el cese inmediato. La Administración autonómica venía requiriendo su cese desde el pasado mes de enero.

Los canales afectados, no sólo piensan mantenerse en antena (a través del canal 38), sino que elevarán una querella contra la responsable del expediente: la directora de Promoción Institucional.

La Asociación Provincial de Televisiones de Proximidad, según el presidente del colectivo, alegará en su querella que la directora de Promoción Institucional no ha contestado sus recursos de petición y que no ha verificado si los canales emitían por los citados canales. También denunciarán que el Gobierno valenciano ha autorizado la emisión de otras televisiones que carecen de la concesión. «El Consell permite a RTVV emitir programación del canal 24 horas y en alta definición sin disponer de licencias para ello», afirmó Marzà.

Las seis teles locales de Castelló ya presentaron alegaciones, que fueron desestimadas, en las que decían que habían cesado su actividad en el canal 39 y que las emisiones del canal 38 debían ser «objeto de un procedimiento sancionador independiente del actual».

Fuentes de la Conselleria de Justicia negaron las acusaciones de prevaricación por parte del colectivo de televisiones de proximidad, aseguraron que el proceso «ha sido completamente legal» y subrayaron que «se está actuando igual con todo el mundo».