El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, no será juzgado por un tribunal popular en el caso de que la causa abierta contra él llegue a la fase de juicio oral.
Así lo estima la Audiencia Provincial de Castelló en una resolución que determina que esta investigación por delito fiscal, cohecho y tráfico de influencias siga el cauce ordinario, por lo que en el caso de llegar a juicio el tribunal estará formado por magistrados y no por ciudadanos.
De esta forma, la Audiencia acepta el recurso interpuesto por Fabra y por la Fiscalía contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que entendió que la causa debía tramitarse de acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Según la Audiencia, no existe «relación funcional» entre los delitos de cohecho y tráfico de influencias y el fraude fiscal, sino que «unos y otros delitos discurren por sendas distintas».
El tribunal añade que no se aprecian claramente cuáles puedan ser los hechos que pudieran ser constitutivos de cohecho, han explicado las mismas fuentes.
Entiende además, como apuntó el Ministerio Fiscal, que incluir el posible delito contra la Hacienda Pública en la competencia del Jurado iría en contra del «espíritu» de la propia Ley, cuyo criterio es evitar los casos que puedan tener una excesiva complejidad, ya que son «poco adecuados» para aquellos que no sean profesionales de la función judicial.
Por otra parte, en otro auto, la Sección Segunda ha dado su visto bueno a que el informe pericial incluido en esta causa sea ratificado por sus autores, alegación que formularon Fabra y su esposa, también imputada en esta causa. Además, los magistrados permiten al líder provincial del PP que presente un informe pericial sobre sus cuentas contratado y pagado por él mismo como alternativo al que ha elaborado ya la Agencia Tributaria.
Quince años de cárcel
Según el escrito de acusación del fiscal, quien pide 15 años de prisión para el mandatario provincial, Fabra medió ante autoridades para agilizar la concesión de licencias de productos sanitarios de la empresa Naranjax, administrada por el empresario Vicente Vilar y su ex esposa –ambos imputados en el caso– y solicitó después el pago de 25 millones de pesetas (unos 150.000 euros) por la gestión. Anticorrupción sostiene además que entre los años 1999 y 2004, Carlos Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, obtuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta que declararon. Las cantidades supuestamente defraudadas en ese periodo por Fabra suman más de 880.000 euros.
