La sentencia del TSJ ordena demoler el Bernat y dejar sólo los cimientos, lo que supone mover 24.000 metros cúbicos de materiales de construcción, que deben ser llevados a un gestor de escombros.
El ayuntamiento adjudicó en marzo de 2010 a Construcciones PIAF, SL la demolición del Bernat con un coste para el consistorio de 137.996 euros y ésta fijaba en un mes el plazo para demoler el bloque. Los intentos del consistorio y el Consell por legalizar el edificio en los años 90 con una modificación puntual de las normas urbanísticas no dieron resultado. El abogado de los demandantes, vecinos de la urbanización Los Rosales, Miguel Carceller, valora la labor del arquitecto Carlos Garrido "que intentó dar una solución a un problema delicado". Sin embargo, el edificio debe ser derribado por orden del TSJ, refrendada por el Supremo. r. pardo castelló
