El fiscal jefe de Castelló, Javier Carceller, ha archivado la denuncia presentada por Esquerra Unida (EU) sobre los pagos efectuados por el Consell al arquitecto Santiago Calatrava para el desarrollo del proyecto del Centre de Convencions.
La formación política trató de justificar la existencia de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración al entender que el Consell no se ajustó al cauce legal de contratación, ya que el proceso fue sin publicidad y el pago de honorarios fue muy superior a los previstos. Consideró que la adjudicación debió hacerse a través de un concurso de ideas para garantizar la libre concurrencia de las empresas.
Sin embargo, el fiscal señala que la ley recoge la posibilidad de este tipo de contratación "a causa de la especificidad artística" del proyecto. "Esta sola consideración es suficiente para considerar que la administración no ha actuado de forma arbitraria, pues existe la posibilidad legal de la que ha hecho uso", explica. Javier Carceller recuerda que el protocolo de intenciones del proyecto hablaba de dotar a la ciudad de Castelló de un "elemento arquitectónico y singular". "Siendo esa la finalidad, que desde la perspectiva política puede ser todo lo discutible que se quiera, lo cierto es que el procedimiento para contratar una obra exclusiva efectuada por un concreto arquitecto no podía ser atendido de otra forma", sentencia.
Por otra parte, EU destacó que el Centre de Convencions está ligado al proyecto urbanístico de Mestrets, anulado por los tribunales. Al respecto, el fiscal jefe señala que se trata de una situación "reversible" y, en todo caso, "muy posterior a la contratación y entrega del proyecto" de Calatrava. Carceller no detecta "ningún desvío de fondos a fines particulares ni concierto delictivo" entre el Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat "para beneficiar a un particular".
EU llevó el caso a los tribunales después de acceder a documentos de la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (Sptcv) que revelan que se pagaron 2,7 millones de euros a Calatrava por la redacción del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico del Centre de Convencions, a pesar de reconocer que el arquitecto no había cumplido sus obligaciones contractuales.
La formación política anunció ayer que estudiará con sus abogados la resolución y la posibilidad de recurrir. Recordó que siguen abiertas las diligencias en la Audiencia Provincial de Valencia por los casos de las torres de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
