La Fiscalía de Castelló ha remitido al Juzgado de Instrucción numero 1 de Segorbe un decreto de judicialización para que estudie las actuaciones llevadas a cabo por la Compañía Valenciana de Aluminios Baux S.L. para comprobar si la empresa, situada en el término de Segorbe, comete un presunto delito contra la salud pública al desarrollar sus labores de reciclaje de aluminio.
Todo ello, tras la denuncia interpuesta por el grupo ecologista Gecen ante la Fiscalía a partir de las quejas de numerosos vecinos que aseguraban que con el reciclaje de aluminio se emiten "humos de distintas tonalidades, olores irrespirables que producen irritación a los vecinos de las localidades limítrofes de Soneja y Villatorcas y se realizan precipitaciones de sólidos por la noche".
Gecen apunta que la Fiscalía ha solicitado un informe al Eprona y al ecotoxicólogo forense que no ha llegado todavía, "informe que ha de recoger los análisis y comprobaciones que se estimen oportunos a fin de determinar la naturaleza de las emisiones, su toxicidad, peligrosidad y efectos sobre la salud pública y el ambiente". Añaden los ecologistas que "las respuestas del Ayuntamiento de Segorbe a las peticiones vecinales de información desde 2008 simplemente adjuntan información remitida por Aluminios Baux S.L. que, como es obvio, no va a certificar otra cosa más que todo está perfecto". "Ahí se acabaron, al parecer, las actuaciones, investigaciones y gestiones del ayuntamiento", según Gecen.
"Las actuaciones municipales no fueron ni son garantistas del buen funcionamiento de la empresa en cuanto a afecciones por contaminación y protección de la salud pública de los vecinos", añaden los conservacionistas.
Informe pendiente
Ante la falta del informe, la Fiscalía ha remitido al juzgado de Segorbe un decreto para que ordene a las instituciones pertinentes la realización del mismo por parte del Eprona y un ecotoxicólogo. Todo con el fin de comprobar si en las labores de reciclaje del aluminio, la empresa "emite a la atmósfera elementos tóxicos, dañinos para la salud, algunos potencialmente cancerígenos".
El alcalde, Rafael Calvo, afirmó ayer que "dentro de nuestra competencia, hemos realizado todo lo que marca la ley, de hecho es que la fiscalía no nos ha requerido nada más al respecto". Y es que, "aunque cada uno pueda decir lo que quiera, el ayuntamiento no va a realizar ningún extra a este respecto porque no se nos ha requerido desde la fiscalía, máxime, cuando no hay ninguna denuncia planteada desde el ayuntamiento".
Explicó que fue una asociación de vecinos la que en 2008 presentó una queja en el consistorio por las supuestas emisiones de la Baux. Ante ello, el consistorio mandó a los técnicos municipales que exigieron la auditoría ambiental realizada por la propia empresa y se remitió a los denunciantes porque "entendían que los datos no tenían por qué no ser correctos".
Añade que "el ayuntamiento ha hecho las cosas bien y la competencia municipal es dar la licencia de actividad a la empresa, otorgada acorde a las licencias medioambientales dadas por las instituciones autonómicas".
