Carlos Laguna, el presidente de Cocemfe Comunitat Valenciana, ONG que representa a 16.000 discapacitados, evitó criticar ayer el cobro de las tasas por el transporte adaptado que ha impuesto el Ayuntamiento de Castelló. Laguna justificó su silencio porque la entidad es proveedora del servicio en la capital desde que ganara el concurso de adjudicación.

El presidente de Cocemfe sí señaló que "vivir con discapacidad es mucho más caro que vivir sin discapacidad", pero se mantuvo al margen de la decisión del Partido Popular por la "situación incómoda" en que se encuentra como portavoz de la suministradora del servicio del transporte adaptado. Laguna insistió en que la ONG es "totalmente ajena a esa decisión, que tenemos que acatar", una iniciativa del equipo de gobierno de la capital que rompe con el espíritu de gratuidad imperante hasta la fecha.

Sin ánimo de lucro

Preguntado por las dificultades económicas que atraviesan los usuarios del transporte, a las que ahora se suma esta nueva tasa, el presidente de Cocemfe se acogió de nuevo a su doble cometido para evitar defender en público a los discapacitados a los que representa. "Cocemfe es una organización sin ánimo de lucro, que siempre ha prestado los servicios sin obtener ninguna rentabilidad económica", añadió.

La determinación del PP obliga a pagar a cada usuario del transporte adaptado entre 15 y 60 euros mensuales en función de sus ingresos, aunque es gratuito para las personas sin recursos. De esta forma, las arcas municipales se embolsan 19.000 euros al año procedentes de 175 usuarios para que todos los castellonenses no tengan que pagar un servicio que sólo utiliza un colectivo concreto, según defendió la concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, en el pleno municipal de la capital el pasado viernes.

Para huir de un posible enfrentamiento con el equipo de gobierno, que rechazó recuperar la gratuidad del servicio pese a la insistencia de la oposición, Carlos Laguna prefirió omitir su valoración en público. El presidente justifica que se encuentra en una situación embarazosa porque ganó el concurso de adjudicación frente a otras candidaturas en un proceso que elige al mejor postor en función de unos baremos estipulados.