Tras 13 años de inactividad, Vila-real dio ayer el adiós definitivo a dos de los planteamientos urbanísticos que aceptó el PP a instancias de agentes urbanizadores: los Programas de Actuación Integrada (PAI) de Solaes y la Ciudad de Azulejo que sumaban en total más de 2,2 millones de metros cuadrados. El equipo de gobierno aprobó, con la abstención del PP, la finalización de ambos programas de actuación tras la resolución autonómica de caducidad del procedimiento.
El alcalde, José Benlloch, apuntó que se trata de un paso «importante» puesto que, de haber seguido adelante con estos programas urbanísticos, los propietarios del PAI Solaes, que se proyectó sobre una superficie de 404.386 metros cuadrados en la zona norte de la ciudad y que preveía la construcción de cerca de 2.800 viviendas, deberían pagar los impuestos de estos terrenos como urbanos, una cifra más elevada que la que abonan actualmente, aun sin previsión de que se construya.
La Ciudad del Azulejo, una área industrial diseñada en la zona oeste de la ciudad en la que se esperaba ofertar parcelas entre 1.000 y 180.000 metros cuadrados, preveía una inversión que se cifró en 66 millones de euros sobre un terreno de 1,8 millones de metros cuadrados.
Los entonces responsables municipales aseguraron que el desarrollo de este PAI hubiera activado la ejecución de la ronda Suroeste, correspondiente a la Generalitat, todavía pendiente y que ha motivado que el consistorio haya planteado llevar al gobierno autonómico a los tribunales. Desde el equipo de gobierno señalaron que estas gestiones urbanísticas eran una muestra del «juego del Monopoly» que el gobierno popular hizo en Vila-real e incluso el edil de Iniciativa, Alberto Ibáñez, señaló que era un ejemplo de «pelotazo», término que molestó a la oposición.
Plan de absentismo escolar
El pleno municipal también sacó adelante un plan de absentismo escolar del municipio para dotar a la comunidad educativa de herramientas que permitan el trabajo coordinado con las instituciones para garantizar el derecho universal a la escolarización de los menores.
Esta propuesta, que arranca del Consell Escolar Municipal, prevé la creación de una comisión municipal de absentismo y tres mesas sectoriales por áreas educativas con la participación del ayuntamiento, la Conselleria de Educación y la dirección de los centros escolares. La comisión tendrá también participación de la Policía Local, la inspección educativa y representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos, entre otros.
