El Ayuntamiento de Orpesa tiene la intención de terminar con el uso restringido de la calle Torre Paquita, que da acceso directo a la playa de la Conxa desde la urbanización Portomar y que afecta al edificio Mar de Oropesa. El carácter privado de esta vía está avalado por una sentencia del TSJ, como se recuerda en la entrada al complejo en una placa de metal. El consistorio quiere pactar una solución para «minimizar» los costes del proceso que sufragarán los vecinos de Portomar. La calle aparece como pública en el PGOU.
El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, remarcó que el acceso privado de la vía cuenta con una sentencia judicial que «hay que respetar». No obstante, Fabregat incidió en que «se tiene que tomar alguna acción porque se está perjudicando a los vecinos de Mar de Oropesa, que son los que tienen la razón legal de que ese vial esté abierto al público. El ayuntamiento no se puede quedar quieto». Mar de Oropesa se halla en el extremo opuesto de la calle.
Para ello, el pleno aprobó ayer con los votos de PP y GIO la gestión directa del PAI en el que se incluye la zona afectada por la situación de la calle Torre Paquita para adaptarla a la normativa actual con vistas a dar una cobertura legal al cambio del uso de la vía que se espera pactar con los vecinos de Portomar. «Se va a someter a información pública y esperamos que después del verano nos podamos sentar para consensuar un acuerdo», afirmó Tomás Fabregat.
El consistorio ha estimado el coste del proceso en 320.000 euros, que asumirán los 230 propietarios de Portomar a través de contribuciones especiales. Se pretende adaptar las dimensiones de las aceras y actuar en las conducciones pluviales y fecales, entre otras acciones. Además, habrá que hacer frente a los honorarios por la redacción del proyecto o la inscripción en el registro de la propiedad. En la sesión se aprobó disponer de 115.000 euros para cubrir costes por adelantado, que se recuperarán a través de las cuotas vecinales.
«En 2009 quitamos una valla que impedía el paso. Había unos informes que nos lo aconsejaron. Esto fue a juicio y, en su momento, el juez interpretó que no se pudo demostrar el uso público», recordó Tomás Fabregat. El edil explicó que el origen de esta situación viene de principios de los años noventa, cuando se concedieron las cédulas de habitabilidad en la zona a cambio de ceder el vial. El consistorio interpretó «con buena voluntad» que cuando se finalizaran las obras se recuperaría la calle pero el acuerdo «no se materializó».
El GIO apoyó la propuesta al entender que el vial debe estar abierto y propusieron «un planteamiento mixto y restringir el paso». Desde el Bloc, que se abstuvieron, auguraron que «esto acabará en los juzgados y no será un contencioso. Los vecinos se lo tomarán como una provocación». Su portavoz Josep Lluís Romero incidió en que el uso abierto de la vía que recoge el PGOU «está condicionado al tránsito peatonal». Romero pidió «buscar una solución factible».
El edil no adscrito José Pascual Navarro, que también se abstuvo, no vio «razonable la imposición cuando hay precedentes que dan la razón al afectado». El socialista Fernando Domínguez afirmó que «esa calle debería estar abierta al público desde que se da la licencia».
