Una sentencia del Tribunal Supremo pone en cuestión el cobro por parte de los ayuntamientos españoles del Impuesto de Bienes Inmuebles urbano en las parcelas reclasificadas como urbanas que se encuentran sin edificar. Esta decisión amenaza las cuentas del consistorio de Castelló, que puede verse obligado a devolver cerca de dos millones de euros a los propietarios de 5.617 parcelas de la ciudad con calificación de urbanizable pero que tiene pendiente su desarrollo.
La resolución judicial hunde sus raíces en un recurso presentado por 300 propietarios de fincas de Badajoz, cuyos terrenos fueron recalificados de rústicos a urbanos y pasaron a pagar el correspondiente IBI urbano. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les dio la razón y afirmó que este impuesto sólo debía materializarse cuando exista un plan parcial urbanístico desarrollado o alguna dotación pública ejecutada. La Abogacía del Estado alegó ante el Supremo y esgrimió que esta doctrina «era gravemente dañosa para el interés general» y advirtió que 90.000 inmuebles de España podrían verse afectados por la misma. El Alto Tribunal confirma el fallo del TSJ extremeño y su contenido es aplicable en todo el país. Su ejecución no es automática y los propietarios de Castelló han de presentar una reclamación a los juzgado de lo contencioso de la provincia para percibir las cuotas del IBI de más que han aportados en los últimos años.
El Supremo mantiene la calificación de urbanizable de las parcelas pendientes pero revoca el pago del IBI urbano. Castelló dispone de 5.617 solares sin urbanizar que pagan un IBI urbano, informa la dirección general del catastro. Se ubican en Mestrets, el entorno de la avenida Vila-real, Marjaleria, Sensal o Lledó, entre otras zonas. El ayuntamiento renovó sus valores catastrales en 2012 y a partir de ahí es cuando se percibió un incremento significativo de los recibos. Los precios catastrales del suelo urbano se duplicaron respectos a los valores antiguos y entonces la patronal de la construcción protestó por cobrarse el IBI urbano en las parcelas sin construir.
Según abogados urbanistas consultados por este diario, la diferencia entre el IBI rústico y el urbano es «de 100 a 1.000», situándose el primero en los 2,03 euros el metro cuadrado frente a los 118,39 del urbano. Los datos del catastro sitúan el catastro medio de las 5.617 parcelas en los 111.061 euros, con que la cuota media asciende los 944 uros. De acuerdo con estas cifras, la recaudación de este suelo por el IBI urbano rondaría los cinco millones. Teniendo en cuenta que el ayuntamiento cobra un IBI urbano más reducido en algunas parcelas no urbanizadas, según expertos, las arcas municipales podrían dejar de tributar dos millones de euros al año y las indemnizaciones rondarían de los citados dos millones de euros anuales a los seis millones si se aplica desde que se aprobó el nuevo catastro en 2012.
«Es de sentido común»
«Estamos ante la confirmación por parte de la justicia de una cuestión de sentido común; no se puede cobrar el IBI urbano en terrenos que no tienen ninguna dotación ni han sido desarrollados como corresponde. Por tanto, creemos que el Partido Popular de Castelló ha llevado a cabo una administración basada únicamente y exclusivamente en recaudar el máximo posible, y esto es lo que ahora puede pasar factura a la ciudadanía», denunció la portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Castelló, Carmen Carreras.
